Energía

El Gobierno aplaza el plan de medidas anunciado

El gran paquete de medidas del mercado eléctrico previsto para julio se desinfla. El Ministerio de Industria trabaja sólo en dos reales decretos ley: uno que recogerá la subida de la tarifa eléctrica anunciada a principios de año y otro que incluirá acciones de menor relevancia. No aprobará, en cambio, ni la transposición de las directivas de la luz y el gas ni el desarrollo del real decreto de marzo que fijó un precio regulado en el pool.

La subida de la tarifa eléctrica el 1 de julio es la única medida energética clara y de peso sobre la que el Gobierno está trabajando.

Por el contrario, el Ejecutivo aplazará sine die la aprobación del gran paquete de medidas regulatorias que prometió tras el real decreto de marzo que fijó un precio regulado (42,35 euros MW) para la mayor parte de la energía que se casa en el mercado mayorista (pool) y establecía la devolución de los ingresos de las empresas por la internalización del coste del CO2.

Según fuentes del sector, a finales de este mes, Industria tendrá preparados dos reales decretos ley: uno sobre la tarifa que, por primera vez, se revisa dos veces en un año y, otro, que recogerá algunas acciones 'de menor importancia, pero necesarias para el funcionamiento en el día a día del sistema', indican estas fuentes.

En el caso de la tarifa, cuya subida media rondará el 1,5% (la industrial será más elevada), el texto normativo recogerá el déficit registrado por las eléctricas en 2005 y que la Comisión de la Energía (CNE) calcula en 3.800 millones. Asimismo, establecerá el periodo (entre 10 y 15 años) en el que se diferirá el cobro de esta cantidad a los consumidores. No obstante, el Gobierno tiene previsto titulizarlo, proceso que se demorará varios meses, pues requiere una orden ministerial.

Aun con todo, en julio aprobará un segundo real decreto ley con varias medidas, entre ellas, la desaparición del tope del 2% de subida de la tarifa, que establece la actual metodología. De esta manera, el Gobierno tendría las manos libres para el posible incremento tarifario del próximo año, sin abordar la elaboración de un nuevo método.

Otra de las acciones a incluir es el calendario de desaparición de las tarifas. El citado real decreto ley ratificará la eliminación de la industrial (alta tensión) en 2010 y adelanta la desaparición de otras. Pero la medida más importante se refiere a los requisitos que debe cumplir la generación eólica para su conexión a la red. Para resolver el conflicto de intereses entre las comunidades autónomas y REE, el Gobierno establecerá que los parques que no tengan el visto bueno del operador de la red no podrán conectarse a la misma. Con todo, el Gobierno dejará pendiente lo que las eléctricas consideran más urgente: el desarrollo del real decreto de marzo que afectó al funcionamiento del pool. En el caso del precio, que, según el ministro de Industria, José Montilla, se trataba de una medida 'con vocación de regulación transitoria', se mantendrá de manera provisional hasta, probablemente, finales de año. Su posible cambio requiere de un real decreto.

Por su parte, está por ver cómo consigue Industria acomodar las presiones de las eléctricas en la orden ministerial que elabora sobre la devolución del pago de los ingresos extra que han recibido por internalizar el coste del CO2.

A los múltiples frentes abiertos, sin visos de cierre (como la retribución de la distribución o de las energías renovables y la transposición de las directivas de la luz y el gas), Industria acaba de sumar uno más de importante calado: la negociación con el sector del nuevo Plan Nacional de Asignación de CO2, que está siendo motivo de agrias disputas entre las empresas. Antes del 30 de junio, el Gobierno debe enviar a Bruselas la primera notificación del PNA de la segunda fase de Kioto (2008-2012), que se prevé más dura que la primera, pues la reducción de emisiones es más drástica y habrá sanciones.

Industria nombrará al director de operación del gas

El 29 de junio de 2004, el Gobierno debía haber adaptado al ordenamiento español las directivas sobre los mercados del gas y la electricidad. A dos años del incumplimiento, que le valió a España la apertura de un expediente por parte de Bruselas, tampoco parece que los proyectos de ley correspondientes vayan a aprobarse a corto plazo. Y es que los textos legales, que fueron enviados por Industria al Consejo de Estado para su informe, fueron devueltos al ministerio por este organismo con la orden de que fuesen informados previamente por la Comisión de la Energía (CNE). Según fuentes del sector, es la primera vez que la CNE dictaminará sobre un proyecto de ley (su cometido es hacerlo con normas de rango inferior). Una vez elaborado el dictamen, éste debe ser remitido al Consejo de Estado, que deberá hacer el suyo preceptivo.

Entre las medidas de la directiva del gas, destaca la separación de las funciones de transportista y gestor de la red por parte de Enagás, lo que le obligará (como ya ocurre en REE) a tener una dirección específica para la operación del sistema. El director que ocupará este cargo, según el texto del Gobierno, deberá ser nombrado por el ministro de Industria de entre tres candidatos propuestos por el consejo de Enagás.

La CNE, en su consejo de la semana pasada, ya abordó las directivas que incluyen, precisamente, sus propias funciones. Ya en las propuestas que elaboró en su día, la Comisión pidió mayores competencias, concretamente, en la elaboración y aprobación de las tarifas energéticas. No se descarta, según fuentes cercanas a la Comisión, que el dictamen que ahora está elaborando vaya en esta misma línea.

Luz y gas Asignaturas pendientes

Precio del 'pool'. El Gobierno debe desarrollar el real decreto por el que modificó en marzo el sistema de casación del pool y fijó un precio regulado, y provisional, para la mayor parte de la energía. El modelo final debe plasmarse en otro real decreto.

Costes del CO2.. A través de una orden ministerial, debe determinar cómo descuenta del déficit de tarifa el sobrecoste por la internalización del CO2 por parte de las eléctricas desde el pasado 1 de enero.

Nuevo PNA. Antes del 30 de junio, España deberá hacer una primera notificación a la CE sobre el reparto de derechos de emisión en el plan de asignación para el periodo 2008-2012.

Directivas europeas. La transposición de las directivas sobre liberalización de los mercados de la electricidad y el gas está pendiente de los informes de la CNE y el Consejo de Estado.

Retribución. El Gobierno ha prometido un nuevo marco de retribución de las energías renovables (a las que impondrá un tope) y, la gran asignatura pendiente, un nuevo sistema para retribuir la actividad de la distribución que, según las empresas, arrastra un déficit histórico d 500 millones de euros.

Otros planes. Además de estas medidas, el Gobierno podría aplicar otras muchas de tipo regulatorio, como un nuevo mecanismo de garantía de potencia, los contratos a plazo y, por supuesto, el futuro de los CTC.