TRIBUNA

¿Es esencial RTVE?

El Tribunal Constitucional debe pronunciarse, en breve, sobre los recursos de amparo presentados en su día contra el decreto que estableció los servicios mínimos a respetar en la última huelga convocada en RTVE. Como es sabido, la disconformidad de los trabajadores y de los sindicatos con los planes de reestructuración pretendidos por la SEPI provocó la convocatoria de una huelga de protesta contra los mismos, y en particular contra sus consecuencias para el empleo. Ante dicha huelga, el Gobierno, al amparo de la normativa legal vigente, dictó un decreto de mantenimiento de servicios mínimos que, en síntesis, exigía la emisión de los boletines informativos y permitía, el resto del día, la emisión de programación enlatada.

Contra dicho decreto se presentaron diversos recursos de amparo, ya que los sindicatos consideraron vulnerado el derecho de huelga por la amplitud de los servicios mínimos impuestos. A la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, y teniendo en cuenta que es bastante probable que se reproduzcan los llamamientos a la huelga a lo largo del proceso de negociación del plan de reestructuración y reducción de empleo, conviene formular algunas consideraciones al respecto.

Ante todo, conviene explicar el planteamiento del problema. La Constitución, en su artículo 28, al reconocer el derecho de huelga, exige que la ley que regule su ejercicio establezca las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. A falta de esa ley, ya que el desarrollo del precepto constitucional, a pesar de haber sido reiteradamente reclamado (incluso por el Tribunal Constitucional, que ha recordado al legislador su obligación incumplida), todavía no se ha producido, la protección de los servicios esenciales de la comunidad tiene lugar en los términos regulados en el Decreto Ley de Relaciones de Trabajo de 1977.

Esta norma, producto inequívoco de la transición política, prevé la fijación por el Gobierno de servicios mínimos cuando la huelga afecte a cualquier clase de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad. La formulación, que entronca con la tradicional referencia administrativa a los servicios públicos, ha provocado dos consecuencias importantes:

l Una primera, la limitación de la protección de los servicios esenciales de la comunidad a la técnica de fijar servicios mínimos, olvidando otros posibles procedimientos, más eficaces y menos conflictivos, de protección.

l Y otra, la tendencia a la equiparación entre servicios esenciales y servicios públicos, haciendo depender, por regla general, del carácter público del servicio su pretendida naturaleza esencial.

Una y otra cuestión merecen un tratamiento más actualizado y moderno, y más acorde con el texto constitucional, lo que, una vez más, pone de manifiesto la necesidad de proceder al desarrollo legal del mismo.

En el caso de RTVE, se revelan claramente las insuficiencias de la situación actual. En primer lugar, con toda probabilidad, tienen razón los recurrentes en amparo: los servicios mínimos fijados son excesivos y suponen la vulneración del derecho constitucional de huelga. Si se mantienen, durante la misma, los servicios informativos y se emite el resto del tiempo producción enlatada, ¿dónde queda el equilibrio de sacrificios entre empresa y huelguistas? Prácticamente es una huelga, máxime siendo de un solo día de duración, sin efectos perjudiciales, ni económicos ni de imagen, para la empresa. Y se priva así de todo efecto útil al ejercicio del derecho constitucional por los trabajadores.

Pero es que, con independencia de ello, y a la espera del criterio que siente el tribunal, se plantea una cuestión más general: ¿es esencial el servicio prestado por RTVE?, ¿justifica la alteración de dicho servicio por la huelga la adopción de medidas para mantener, en parte o bajo la fórmula de emisión de producción enlatada, la actividad del ente? Creo que no. æscaron;nicamente respecto de los servicios informativos podría plantearse, hipotéticamente, la esencialidad de los mismos, por cuanto aseguran el derecho de los ciudadanos a recibir información (el artículo 20.1 C de la Constitución consagra el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión).

Ahora bien, si históricamente ese derecho a recibir información podía considerarse afectado por una huelga en RTVE, hoy no puede sostenerse lo mismo. No sólo la pluralidad de canales informativos televisivos, sino también la existencia de muchos otros canales de información, radiofónicos y escritos, así como las posibilidades ofrecidas por internet, hacen que carezca de sentido, en estos momentos, considerar que el derecho a la información de los ciudadanos se vea afectado por una huelga en RTVE, aun cuando esa huelga provocase el apagón total de la señal de la misma.

Lo más respetuoso con la Constitución sería que el ente público afrontase las consecuencias de la huelga como cualquier otra empresa, y que la huelga tuviese el alcance y la incidencia que del seguimiento de la misma por los trabajadores a ella convocados derivase. El servicio prestado por RTVE podrá seguir siendo un servicio público (no es éste el momento de entrar en la polémica), pero desde luego no es un servicio esencial para la comunidad.