Tribunales

Boliden y Dragados se ven las caras en el juzgado por el vertido de Aznalcóllar

El juicio que enfrentará a partir de mañana a Boliden y Dragados (ACS) es una de las últimas oportunidades de que el Estado recupere parte de los 240 millones que invirtió en reparar los graves daños medioambientales de la rotura de la balsa de Aznalcóllar en 1998. Boliden, que reclama a la constructora y a otras empresas 248 millones, ha advertido que tras su declaración de quiebra en España sólo podrá hacer frente a los 133 millones que le exigen las Administraciones si gana el pleito.

Han pasado más de ocho años y ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central han logrado todavía que Boliden pague por los daños de uno de los mayor desastres medioambientales que ha vivido España. La empresa sueca, propietaria de la balsa minera que se rompió e inundó de residuos tóxicos las inmediaciones de Doñana, se declaró en quiebra y consiguió esquivar en los tribunales la demanda de 90 millones del Gobierno andaluz y también la multa de 43,7 millones que le impuso el Consejo de Ministros.

La batalla legal ha sido larga y plagada de varapalos para las Administraciones. La Junta intentó primero la vía penal y una vez fracasada se adentró por la civil, que tampoco tuvo éxito. El proceso de quiebra de la filial española Boliden Apirsa, que impidió la ejecución de un aval de 108 millones por la vía administrativa, animó a la Consejería andaluza de Medio Ambiente a intentar una última operación compleja e infructuosa: el embargo de los bienes de la compañía en el extranjero. Por eso el juicio que arranca mañana martes en Madrid y en el que Boliden reclama a las constructoras de la balsa siniestrada un total de 248 millones de euros se seguirá con gran expectación en la Junta de Andalucía.

Como explica Boliden, asesorada por el bufete Garrigues, el único capital de la empresa en España es esta demanda. La firma minera, que culpa a Dragados de lo ocurrido, interpuso la denuncia en 2004 amparándose en la sentencia que cerró la vida penal y que atribuyó el vertido a fallos en la construcción de la balsa minera. La demanda se dirige contra Dragados (ACS), Geocisa e Intecsa, además de las aseguradoras Banco Vitalicio y Zurich, y pide por daños directos 115 millones, a los que añade los 90 millones que a su vez reclama la Junta y los más de 43 millones de la multa estatal.

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La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha advertido que si este juicio no salda las deudas, su departamento continuará con el procedimiento abierto para conseguir el embargo de los bienes que Boliden tiene en Holanda o Suecia.

Boliden estima que no es la culpable del accidente porque, a su juicio, ningún tribunal español ha demostrado responsabilidad directa alguna de la empresa en el accidente de la balsa minera. E insiste en señalar a los responsables del diseño y la construcción del depósito de contención.

La rotura provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas. Los trabajos para descontaminar y recuperar la zona, que supusieron 90 millones de euros que luego la Junta exigió a Boliden en los tribunales, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina de Aznalcóllar y los límites del Parque Nacional de Doñana, entre las provincias de Sevilla y Huelva.

Ley de hierro para las minas

La Junta acaba de endurecer su política de minas con medidas sin precedentes para evitar desastres como el del vertido de Aznalcóllar y también para neutralizar que empresas como Boliden puedan abandonar el territorio sin hacer frente a eventuales perjuicios medioambientales y laborales.

La nueva normativa se ha puesto en marcha en el caso de la futura mina Cobre las Cruces, que lleva seis años de trámites y abrirá en 2008. La compañía canadiense Inmet ha debido depositar 20 millones en avales, además de otros 30 millones de euros del seguro de responsabilidad civil. Entre los avales destaca por su novedad uno de 5 millones por contingencias sociolaborales.

Sanción por el vaciado de una balsa

La Junta de Andalucía ha iniciado expedientes sancionadores por el vaciado de parte de una balsa de residuos de origen minero en el término municipal de Minas de Riotinto (Huelva), localizado el miércoles en las instalaciones de la empresa minera. Según el Gobierno andaluz, los primeros resultados analíticos aprecian escasos daños medioambientales, aunque habrá que esperar a las conclusiones definitivas. Los técnicos constataron que el vaciado de la presa fue originado por la ausencia de dos válvulas sustraídas que regulan su funcionamiento.