La nueva ley obligará a ceder más suelo para vivienda protegida
La reforma de la ley estatal de suelo cumplió el viernes su primer trámite. El Consejo de Ministros dio luz verde a un informe sobre el anteproyecto que fija una reserva del 25% de los nuevos desarrollos urbanísticos para vivienda protegida (VPO). También otorga a los ayuntamientos más recursos, en forma de terrenos, pero deberán destinarlos sobre todo a VPO.
El Consejo de Ministros no hizo otra cosa que dar el visto bueno a un primer documento, que comienza ahora una larga andadura durante la cual aspira a lograr el consenso del resto de administraciones y agentes que participan en el sector. Además, el texto fue remitido al Consejo Económico Social (CES), que deberá emitir su dictamen y devolverlo al Gobierno para su aprobación definitiva y su remisión posterior a las Cortes.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que compareció en la habitual conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que la futura ley sólo contempla dos categorías de suelo: rural o rústico y urbanizado.
'Sin entrar en clasificaciones de terreno o en qué situación de transformación se encuentra, el anteproyecto determina que se podrá urbanizar en el suelo que sea preciso e idóneo', añadió. Tal y como reconoció Trujillo, esta nueva concepción de cómo debe plantearse el crecimiento de las ciudades contrasta fuertemente con el espíritu de la actual legislación estatal.
El nuevo texto establece sólo dos categorías de suelo: rural y urbanizado
'La ley del 98 estableció que todo el suelo era urbanizable, excepto aquél susceptible de ser protegido. Pretendía con esta liberalización abaratar su precio y hoy se ha demostrado que fue un fiasco.
En los últimos ocho años la vivienda se ha encarecido un 135% de promedio y el suelo un 500%', matizó.
Al margen de la reserva del 25% de los nuevos desarrollos urbanísticos que deberá ser destinada a VPO, porcentaje que podrán después aumentar, pero nunca disminuir las comunidades autónomas; el anteproyecto mejora los recursos que obtienen los ayuntamientos del urbanismo.
Así, establece una nueva horquilla del 5% al 15% de cesión de aprovechamiento urbanístico, que no es otra cosa que el porcentaje de terrenos urbanos consolidados que están obligados a entregar los promotores a los consistorios.
La horquilla actual está comprendida del 0% al 10%, ya que son las autonomías las encargadas de fijar en sus leyes el porcentaje concreto. La ministra, en lugar de referirse a las cesiones como concesiones a los municipios, las definió como el modo que tendrá la sociedad de participar en las plusvalías urbanísticas.
De hecho, anunció que se establecerá una mejor regulación de los patrimonios públicos de suelo, de modo que se asegurará que los terrenos que obtengan por esa vía sean destinados a determinados fines de interés social, prioritariamente a vivienda protegida.
Por último, la ministra avanzó que la futura norma incluirá el estatuto de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación al mercado de la vivienda y el suelo.
Valoraciones. Los terrenos junto a las ciudades se tasarán el doble de caros
La ministra de Vivienda explicó el viernes que uno de los pilares de la futura ley será su nuevo sistema de valoracionesLa norma establecerá criterios objetivos 'para tasar con justicia los terrenos sujetos a expropiación y en ningún caso se retribuirán retenciones especulativas de suelos', dijo María Antonia Trujillo. No obstante, el anteproyecto de ley contempla un mecanismo que tendrá en cuenta la localización de los solares y también todas las iniciativas o mejoras que se hayan practicado sobre los mismos.Fuentes conocedoras del proyecto confirmaron el viernes que los terrenos más próximos a los grandes núcleos urbanos podrán ser tasados hasta el doble más caros que aquellos que de similares características se encuentren en medio del campo. La norma, no obstante, 'prevé garantizar a los propietarios una adecuada indemnización cuando no puedan participar en la gestión urbanística'.
Transparencia. Los planes urbanísticos serán sometidos a información pública
Con el objetivo de evitar que se produzcan en el futuro nuevos escándalos urbanísticos de la magnitud del protagonizado por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), el texto aprobado en primera instancia por el Consejo de Ministros establece por primera vez mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo.Para ello, la ministra confirmó que a partir de su entrada en vigor la ley obligará a que todos los planes urbanísticos y otros instrumentos del mercado, incluidos los convenios, deberán ser sometidos a información pública. Además, deberán incluir un resumen ejecutivo para que los ciudadanos conozcan fácilmente por dónde crecerá su municipio y en qué medida les afecta el planeamiento. Gracias a esta mayor transparencia, la norma prevé lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado y una menor retención especulativa de solares.