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Presunta estafa

El Congreso rechaza crear un fondo para los afectados

El Congreso de los Diputados rechazó ayer crear un fondo de garantía o de asistencia para los afectados por la presunta estafa de las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa. Sin embargo, aprobaron articular medidas que contribuyan a apoyar financieramente a los perjudicados cuya situación económica sea más precaria.

La moción, presentada por CiU y enmendada por el PSOE, pretende que las familias afectadas por la presunta estafa y que están en situación más difícil puedan recibir anticipos a cuenta de los reembolsos que en su día determine la Administración de Justicia.

La iniciativa aprobada insta también al Ejecutivo a impulsar las solicitudes del complemento a mínimos de los pensionistas con pensiones inferiores a las mínimas establecidas que anteriormente no hubieran podido hacerlo por tener ingresos procedentes de Afinsa y Fórum, siempre y cuando no tengan otros ingresos que lo hagan incompatible.

Asimismo pide apoyo para que los afectados puedan recuperar sus ahorros a través de los activos líquidos, las pólizas de seguros y los bienes mobiliarios e inmobiliarios de las empresas así como del patrimonio personal de los propietarios de las sociedades. También pide que se defina y complemente el marco legal al que deben someterse las entidades de bienes tangibles para aumentar la transparencia de estas empresas.

La iniciativa aprobada por el Congreso contó con la abstención del PP. El principal partido de la oposición presentó otra moción, que fue rechazada. Pedía la creación de un fondo de garantía de bienes tangibles, similar al que tienen las inversiones en bolsa. Este fondo de garantía a las inversiones fue creado en el año 2001 a raíz del 'caso Gescartera'.

El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte se quejó de la escasez de las ayudas propuestas por el Gobierno para que las asociaciones de consumidores puedan llevar a cabo la defensa de los afectados, por importe de dos millones de euros, ya que 'tocan a cinco euros por cliente'.

Un argumento similar fue utilizado ayer en un comunicado por la asociación Ausbanc. Anunció que recurrirá el Real Decreto aprobado por el Gobierno en el que se concedían ayudas a varias asociaciones de consumidores para prestar asesoría jurídica a los más de 350.000 afectados por la presunta estafa de Fórum y Afinsa.

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, dijo que estas insuficientes ayudas no garantizan una buena defensa de los clientes afectados, pero sí pueden acallar las voces de algunas asociaciones de consumidores para que no pidan responsabilidades al Ministerio de Sanidad y Consumo.

En la defensa de la propuesta de CiU, que originariamente pedía la creación de un fondo de asistencia para los afectados de rentas medias y bajas, el diputado Josep Sánchez i Llibre aseguró que dará un margen de confianza al Gobierno, pero advirtió de que permanecerá alerta ante la situación.

El diputado del grupo catalán aseguró que existe un vacío legal que debe cubrirse con un cambio legislativo para que estas empresas pasen a control del Banco de España, la CNMV y otros organismos reguladores porque son 'instituciones de ahorro'

El diputado socialista Francisco Fernández Marugán rechazó la existencia de un vacío legal en el sector y por tanto la responsabilidad del Estado. Criticó el 'tartufismo' de quienes atacaban lo público y 'ahora lo defienden para desgastar al Gobierno'.

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