Funcionarios al servicio público
La modernización de la Administración publica es tanto un loable compromiso del Gobierno como una urgencia para el país. Y prueba de lo arduo de esta labor es el enorme revuelo producido hace un par de meses, cuando se supo que en el nuevo marco los empleados públicos no tendrán asegurado el puesto si no superan ciertas evaluaciones periódicas, aunque no dejarán de ser funcionarios.
Este proceso de modernización dio un nuevo paso ayer con la firma del acuerdo sobre el Estatuto del Empleado Público entre el Gobierno y CC OO, UGT y CSI-CSIF. El pacto recoge las medidas conocidas sobre traslado forzoso por necesidades de servicio o funcionales o evaluación periódica del rendimiento. Son fórmulas en favor de la calidad que, como poco, deben servir de aliciente a los funcionarios en su desempeño. En esta línea, el Estatuto permitirá también ofrecer mejores condiciones a los más válidos, algo imprescindible para aminorar su continua huida hacia el sector privado.
El texto suscrito, que debe ser aprobado por el Parlamento, contiene sin embargo iniciativas a precisar. La primera es que abre la puerta a convertir en nuevos funcionarios -en la actualidad hay 2,5 millones- a medio millón de interinos o, al menos, a pagarles antigüedad. Esta decisión, para reducir la temporalidad en el sector público, exigirá un importante drenaje de fondos cuya cuantificación se debe conocer antes.
Que los partidos políticos hayan sido excluidos de los órganos de selección es un logro. Pero es muy discutible que se dé a los sindicatos la posibilidad de impugnar sus decisiones. ¿No se van basar ya en los principios de 'imparcialidad y profesionalidad'?
El nuevo modelo gestión pública vinculado al rendimiento es un paso en la vía adecuada. Como prueba, los funcionarios tendrán derecho a la negociación colectiva. Pero la modernización no será completa si la Administración sigue sin poder romper la relación laboral con aquel funcionario que no cumpla unos mínimos de profesionalidad. Es lo mínimo que se puede exigir a quien está al servicio del ciudadano.