Un nuevo marco legal para el ADSL
Un informe hecho público por el Gobierno hace ya más de tres meses y medio dejaba patente el malestar reinante por el deficiente funcionamiento del ADSL en España. Y contra las contundentes quejas de los usuarios, las operadoras optaron por refugiarse en el argumentario de que las lagunas de la regulación y el papel predominante de Telefónica impedían un mejor servicio.
Con este caldo de cultivo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) anunció la intención de retocar la norma que afecta al ADSL. Sin embargo, la propuesta de reforma que se ha hecho llegar a las partes afectadas ha sido recibida con decepción.
Por ello, los responsables del órgano regulador del mundo de las telecos se enfrentan estos días a una auténtica avalancha de alegaciones. Y todas coinciden en el mismo mensaje de fondo: es necesario que el cambio legal sea de auténtico de calado. Obviamente, esa unanimidad, rara avis en el sector español de las telecomunicaciones, se rompe a la hora de detallar el sentido de las reformas.
Telefónica hace especial hincapié en que se debe controlar más cómo se produce el cambio de clientes entre operadoras y en que se vigile si éstas ocupan realmente el espacio que han solicitado para dar ADSL. Mientras, la reclamación estrella de su competidoras es que se acorten los plazos que tiene el ex monopolio para atender las peticiones de sus rivales, además de una rebaja de precios.
Ahora, la CMT tiene la palabra. Y debe tener en cuenta que para una economía que, como la española, aspira a estar a la cabeza de la modernidad, es vital tener en un asunto tan sensible como la mejora de las tecnologías, el ADSL en esta ocasión, unas reglas del juego claras, que favorezcan la competencia real y que aseguren un alto nivel de calidad en el servicio. En caso contrario, España estará condenada a seguir ocupando los puestos del furgón de cola en las clasificaciones internacionales de desarrollo tecnológico e, inevitablemente, de competitividad de la economía.