Centrica denuncia otra vez a España por ayuda ilegal a las eléctricas
La británica Centrica, que opera en España a través de su filial Luseo, ha vuelto a denunciar a España ante la CE por reconocer a las grandes eléctricas españolas el déficit de tarifa que, según la denunciante es una ayuda de Estado no solicitada a las autoridades comunitarias. En esta ocasión, la denuncia se ha presentado ante la dirección de la Competencia de Bruselas, y se suma la que, en esta misma línea, ya realizó Centrica a finales de febrero ante la Dirección General de Energía y Transporte.
Esta denuncia, a la que se han sumado otras comercializadoras eléctricas independientes afectada por la falta de competencia en el mercado, como Nexus y Electranorte, fue admitida a trámite e incluida por la CE en la carta de emplazamiento que ésta hizo a España por incumplir la transposición de la directiva de electricidad.
Además, según anunció ayer su director general, Enrique Giménez, la compañía también va a reclamar al Consejo de Ministros una indemnización por daños y perjuicios 'por la responsabilidad patrimonial del Estado legislador'. Según Giménez, 'el Consejo de Ministros es el responsable de la situación del mercado, porque podía haber tomado medidas que no ha tomado' y ha otorgado ayudas de Estado (a través del pago del déficit) y de inducir y permitir abusos de posición dominante.
Centrica considera que el Gobierno español es responsable de fijar las tarifas y de la aparición del déficit, pues las revisiones se han hecho a la baja, sin tener en cuenta las previsiones de los mercados financieros sobre los precios de la electricidad. 'Queremos competir en igualdad, pero no podemos hacerlo con la tarifa', señaló Giménez.
Los daños patrimoniales a reclamar se situarán entre los 15 y los 20 millones de euros y serán la suma de las pérdidas y el lucro cesante de la compañía en 2005 y 2006.
La compañía británica criticó duramente la indefensión legal derivada de las funciones del operador OMEL que han sido trasvasadas a REE con la nueva normativas. Concretamente, la exigencia de garantías que REE pide antes del día 24, cuando no se reducen las de OMEL, cuyas funciones se limitan al mercado diario.