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Escándalo financiero

Consumo apoya mejorar la seguridad de los ahorros de los usuarios

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, defendió ayer dar mayores seguridades en el futuro a los consumidores sobre la solvencia de las empresas donde invierten sus ahorros. Salgado recordó que lo importante ahora es prestar ayuda a los afectados por la presunta estafa Fórum Filatélico-Afinsa.

La ministra dijo en una rueda de prensa que le preocupa que, con el debate sobre las competencias y el desarrollo o no del Reglamento de inversiones colectivas, se desvíe la atención de las responsabilidades, que dijo, 'son de las empresas que han cometido el fraude, si eso se prueba'. Además, recordó que las actuaciones judiciales llevadas a cabo por el caso Fórum Filatélico-Afinsa se refieren por el momento a hechos acontecidos entre 1998 y 2002, antes de la aprobación en 2003 de la ley vigente.

El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, reclamará hoy a la ministra 'la adopción de medidas para propiciar la recuperación del ahorro' a los afectados por la presunta estafa así como medidas para dotar de mayor seguridad al ahorrador. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló ayer que, una vez depuradas las eventuales responsabilidades penales en la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, el Gobierno 'adoptará las medidas que considere oportunas para prestar el mejor apoyo' a los afectados. Las declaraciones del ministro Aguilar respondían a la posibilidad de que el Gobierno pudiera ser considerado responsable civil subsidiario en la presunta estafa, que suman un agujero patrimonial estimado en más de 3.500 millones de euros.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró ayer que 'es pronto' para que el Gobierno tome una decisión sobre las ayudas a los afectados y para pedir que el Ejecutivo puede 'enviar talones' a los afectados sin esperar a que avancen las investigaciones judiciales.

Más querellantes

La OCU anunció ayer su intención de personarse en la querella contra Fórum y Afinsa. Su intención es obtener de primera mano información precisa sobre la marcha del procedimiento, para poder mantener informados a todos los consumidores afectados.

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