La Generalitat aprueba cambios en la ley de cajas y anuncia una reforma más profunda
El Gobierno catalán aprobó ayer la reforma de la Ley de Cajas, cuya principal novedad es alargar los mandatos de los consejeros de las entidades de cuatro a seis años. Con este cambio, el actual presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, podrá continuar en su puesto durante dos años más. Fornesa tendría que haber abandonado su cargo en abril de 2007, al superar la edad máxima fijada en los estatutos de la caja ya que en noviembre cumple los 75 años.
Pero ésta no será la última modificación de la Ley de Cajas que aborde el actual Gobierno autonómico. Según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo catalán, Joaquim Nadal, la intención del tripartito es acometer una reforma 'más en profundidad' durante la próxima legislatura, que afectará a asuntos 'más estructurales y que no requieren tanta prisa'.
Nadal reconoció que las modificaciones aprobadas ayer 'son puntuales y con cierta urgencia de calendario, sobre determinados aspectos'. Y añadió que el objetivo es llevar a cabo la reforma 'en dos tiempos' y cumplir así con el pacto de izquierdas del Tinell, que contemplaba cambios de más calado en el sector de las cajas de ahorros.
Está previsto que el texto definitivo se apruebe en el Parlamento antes de noviembre, aunque estos plazos podrían no cumplirse si finalmente hay elecciones anticipadas.
En este proyecto también se delimitan aún más las funciones de los presidentes, que en el caso de las 10 cajas catalanas no tienen carácter ejecutivo. Con ello, se reforzará la figura de los directores generales. Además, se incluye la posibilidad de que sea cada entidad la que decida si el cargo de presidente está retribuido. Hasta ahora, los máximos responsables de las entidades sólo cobraban las dietas por asistencia a las reuniones de los consejos.
La Ley de Cajas establece que se destine una parte 'equilibrada y significativa' de los resultados a obra social, aunque no se especifica una cantidad máxima o mínima. La legislación estatal establece que las cajas no pueden utilizar más del 50% del beneficio en actividades sociales o culturales, pero tampoco fija un mínimo. También se plantean limitaciones a la actividad de las fundaciones como vehículo para invertir la obra social.