Proteccionismo

EE UU quiere vigilar de cerca las inversiones extranjeras

Tres altos cargos relacionados con la seguridad nacional de EE UU durante la presidencia de Bill Clinton se van a convertir en 'guardianes' oficiales de contratos de Lucent con el Gobierno de Washington una vez que la empresa sea fusionada con la francesa que la ha comprado, Alcatel.

William Perry, ex secretario de defensa, James Woolsey, ex director de la CIA, y Kenneth Minihan, ex responsable de la Agencia de Seguridad Nacional se van a encargar de supervisar material sensible que tenga que ver, sobre todo, con el departamento de Defensa, un importante cliente de Bell Labs, la filial de investigación de Lucent.

Así, ambas empresas calman las suspicacias de congresistas de EE UU que quieren revisar más a fondo y, llegado el caso, cancelar transacciones internacionales aduciendo que áreas cruciales de la seguridad del país pueden quedar en manos extranjeras.

No será el caso de Alcatel y Lucent, pero la cancelación de un acuerdo es posible. Lo ha vivido una compañía estatal de los Emiratos Árabes, Dubai Ports World, que se vio forzada a segregar y poner en venta los activos en EE UU de una empresa de gestión portuaria británica (P&O) que acababa de adquirir.

La compra de P&O había sido revisada y recibido la luz verde del Comité para las inversiones extranjeras en EE UU. Este comité, conocido como Cfius está formado por varios departamentos del Gobierno e investiga durante 30 o 45 días la toma de control de empresas americanas o con operaciones en EE UU por parte de extranjeros. No obstante, DPW tuvo que retirarse por que en este año electoral se explotó el filón político que es la defensa nacional, y se creyó irresponsable que una empresa estatal árabe gestionara los poco protegidos puertos. Los políticos creen que tras el 11/S el Cfius ha actuado mal y están reformando y reforzando su trabajo.

El comité bancario del Senado ya ha aprobado una propuesta que, en esencia, amplía el periodo de investigación de los acuerdos y hace más transparente el proceso de revisión de esta discreta institución para que sea conocido por algunos legisladores. Eso según sus críticos lo hace más sensible a presiones políticas.

Además se pide que se confeccione un ranking de países según el peligro que supongan para la seguridad de EE UU. El Senado quiere que se estudien a fondo compras por parte de empresas estatales.

La cámara de Representantes estudia ahora varias ideas que ha ido moderando después de que los legisladores hayan mantenido conversaciones con empresarios preocupados por los efectos de una medida tildada de proteccionista. En el inicio del debate incluso se habló de prohibir las inversiones extranjeras en ciertos sectores si los intereses en EE UU de la empresa en cuestión no se ponían en manos de una filial fiduciaria controlada por estadounidenses. Ahora, la legislación que propone esta cámara (y que debe ser conciliada con el Senado) habla de ampliar plazos en el estudio e informar a los legisladores.

La comunidad financiera y empresarial que se escandalizó con la politización del caso de DPW está en alerta. La Business Roundtable, una de las asociaciones empresariales más importantes, asegura que ampliar la revisión por parte del Cfius y hacerla más transparente puede disuadir este tipo de transacciones y legitimar semejantes medidas proteccionistas en otros países.

Además, aducen que la ampliación de los plazos de revisión y la transparencia puede provocar que quienes tengan intereses encontrados (una tercera empresa) en la transacción puedan interesadamente manipular procesos que no deberían ser controvertidos.

Que las nuevas normas que gobiernan el Cfius se harán realidad no lo duda nadie porque la necesidad de la reforma se justifica en motivos de seguridad nacional. Los empresarios esperan que, al menos, se haga cuanto antes porque cuanto más cerca del día de las urnas se dirima este asunto, más represiva puede ser. De momento, y anticipándose a esta reforma George Bush aprobó el viernes la compra de una ingeniería británica, Doncasters que tiene plantas en EE UU y es contratista del Pentágono, por una compañía de Dubai.

Alcatel deja contentos a los legisladores... en general

El senador Charles Schumer, que se opuso a la entrada de Dubai Ports en EE UU, quedó satisfecho con la operación Lucent y Alcatel después de ser informado de ella por la consejera delegada, Patricia Russo. El comité de revisión y el hecho de que 'Francia no tiene nexo con los terroristas', tranquiliza a este senador demócrata que, sin embargo, recordó a Russo que la empresa tendría que seguir las reglas de EE UU y ser estricto con Irán. Alcatel ha actualizado las redes de telecomunicaciones y trabajado en plantas de gas iraníes. Lo que no gusta es que Lucent ganó en 2004 el contrato para restaurar las telecomunicaciones de Irak, y ahora este cometido termina en el regazo de una empresa francesa.