Viejas recetas para mejorar el empleo
Las últimas reformas han creado gran cantidad de puestos de trabajo, pero han deteriorado su calidad. Con la de ahora se pretende restituirla
España tiene ahora 5,3 millones de asalariados con contrato temporal, prácticamente uno de cada tres, proporción desconocida en toda la Unión Europea. El crecimiento económico desatado en los últimos años ha generado una descomunal cantidades puestos de trabajo; pero ha estado acompañada de una paralela pérdida de calidad, que ahora, con la reforma que mañana firmarán en el Palacio de la Moncloa Gobierno, patronal y sindicatos, pretende restituirse. Para empezar, los primeros cálculos del ejecutivo cifran en un millón de contratos temporales que se deberían convertir en indefinidos con los cambios normativos, que entrarán en vigor el 1 de julio.
No obstante, no es la primera vez que se ensayan mecanismos para proporcionar estabilidad al empleo, y los resultados no han sido todo lo satisfactorios que se esperaba. En 1997, primera reforma que primaba la conversión de temporales en fijos, la tasa de temporalidad sólo se redujo cinco puntos de los 35 de acumulaba. La apuesta por la contratación temporal, considerada en 1984 la solución al desempleo juvenil, ha terminado convirtiéndose en el principal problema del mercado de trabajo por su utilización abusiva.
El tránsito de un mercado laboral protegido por el franquismo a uno abierto e integrado en Europa se ha hecho siempre con mecanismos de parcheo. No se ha acometido una reforma integral que modificase las fórmulas de contratación, el desarrollo interno de las relaciones industriales y los mecanismos de despido, y que coloque el coste el factor trabajo en términos comparables con los países del entorno.
Todos los gobiernos democráticos han entendido, porque así lo ha demostrado el posterior devenir de las circunstancias, que una reducción del coste del trabajo, generaba más trabajo. Por tanto, las políticas debían dirigirse a abaratar el salario, las cotizaciones o el despido. Pero nunca se han combinado los tres, y las políticas han terminado fraccionando el mercado laboral en colectivos en función de su grado de protección.
La férrea defensa de los sindicatos de las condiciones de los trabajadores indefinidos, sobre todo de su protección ante el despido hizo que en 1984 el primer Gobierno socialista de Felipe González diseñara una nueva solución contra el estancamiento del empleo juvenil. Acometió la primera gran reforma para abaratar los costes del despido: se creó el contrato temporal con coste de despido cero para los nuevos trabajadores. Esto sirvió para crear dos millones de empleos en menos de seis años, lo que para un mercado como el de entonces, con trece millones de ocupados (ahora hay 19,4 millones) suponía una fortísima creación de puestos de trabajo.
Pero este dinamismo del mercado laboral trajo consigo un caramelo envenenado porque inundó las empresas de trabajadores temporales. Cuando a finales de 1991 la economía empezó a destruir empleo, -a las puertas de la última gran crisis de la economía española que acabó con un millón de puestos de trabajo entre 1992 y 1993- los contratados temporales fueron los primeros en ser despedidos.
Tras la crisis vino la recuperación y los empresarios volvieron a decantarse por la contratación de trabajadores temporales, que eran los más baratos. Con ello, la tasa de temporalidad se disparó hasta alcanzar su récord entre 1995 y 1996, con más del 35% de trabajadores con un contrato eventual.
La última gran reforma
La situación era insostenible. El deterioro del mercado laboral frenaba el crecimiento económico y había que reducir la temporalidad. Fue en 1997 cuando el primer gobierno del PP, con Javier Arenas como ministro de Trabajo logró que los sindicatos, pese a su históricas reticencias, aceptaran un notable abaratamiento del despido, con la creación de un nuevo contrato de fomento del empleo estable, que reducía la indemnización por despido a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato fijo ordinario cuenta con una indemnización de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades. Además, el contrato de fomento del empleo estable estaba bonificado con rebajas a las cotizaciones a la Seguridad Social, otro abaratamiento de costes.
No hay duda de que los datos confirman que esta reforma sirvió para aumentar algo la calidad del empleo. Desde la entrada en vigor de las medidas en mayo de 1997 se inició un suave descenso de la tasa de temporalidad que llegó a estabilizarse en el 30% entre 2002 y 2004, cuatro millones de temporales. Además, en ocho años se crearon seis millones de nuevos empleos.
En 2005, se mantuvo una fortísima creación de empleo. Pero a ello hubo que añadir que los cambios metodológicos a la hora de calcular el empleo existente en España por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) afloró la existencia de un millón más de trabajadores, todos ellos inmigrantes y todos ellos con contrato temporal. De esta manera el número de trabajadores eventuales ha roto todas las barreras, contabilizándose los 5,3 millones actuales.l El sector servicios es el gran nutriente de la economía española. Desde 2002, ha absorbido casi dos millones de trabajadores, en actividades relacionadas con el ocio (turismo, hostelería y restauración). Los servicios dan trabajo ya 12,7 millones de personas, diez millones más que en la construcción.
La reforma silenciosa de los inmigrantes
La Seguridad Social tiene registrados a casi dos millones de trabajadores inmigrantes. Según los datos de este organismo, la base reguladora por la que cotizan estos inmigrantes es un 20% inferior a la media, lo que refleja sus salarios inferiores. Este colectivo, que trabaja generalmente por menos dinero y en sectores con salarios históricamente más bajos como la agricultura, la hostelería o el comercio, y además dispuestos a trabajar más horas son los que están haciendo una reforma laboral silenciosa basada nuevamente en una rebaja de costes. Prueba de ello es que todo el empleo generado en el primer trimestre de 2006 fue ocupado por inmigrantes.