TRIBUNA

Nuevas reglas en la competencia

Como es sabido, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado constituye un principio constitucional. De dicho reconocimiento emana la obligación de los poderes públicos de garantizar y proteger su ejercicio en ese contexto, en beneficio del propio Estado, de los competidores y de los consumidores, que se han erigido en los principales interesados en ello. Se trata, en definitiva, según ha reconocido el propio ministro de Economía y Hacienda, de promover la eficiencia en la asignación de recursos y la maximización del bienestar general.

El conjunto de normas que conforman la defensa de la competencia y la interpretación que de ellas han venido efectuando las autoridades administrativas y los tribunales no siempre ha contado con el beneplácito del tejido empresarial europeo y nacional. De hecho, en ocasiones tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Defensa de la Competencia han censurado prácticas y han impuesto sanciones a empresas por conductas que no pasarían de ser calificadas de mordaces. Afortunadamente, los tribunales se han encargado de corregir las disfunciones incurridas por la Administración, bien declarando la licitud de la actuación enjuiciada, bien moderando la sanción impuesta.

Convendrán conmigo la creciente importancia de la defensa de la competencia, la cual ha venido a constituir uno de los elementos principales de la política económica en la actualidad. Por tanto, ningún Estado de derecho puede permitirse errar en su estrategia sobre el particular.

En este marco, ante una coyuntura sacudida por una operación empresarial concreta y ante una fase de reflexión comunitaria sobre algunos de los principios que regulan esta materia en el ámbito de la Unión, se ha hecho público el anteproyecto de Ley de Defensa de la Competencia. Permítanme que descontextualice -porque así debe ser- esta propuesta de cualquier clase de oportunismo político y/o económico. Debe recordarse que ya hace más de un año que el Ministerio de Economía y Hacienda hizo patente la necesidad de reconsiderar el sistema vigente, subrayando sus consideraciones en lo que devino el Libro Blanco para la reforma del sistema español de defensa de la competencia.

Por lo que respecta al contenido del anteproyecto, se alinea con aquello que se subrayó en el Libro Blanco, constatándose como una propuesta en firme la creación de la Comisión Nacional de Competencia, que aglutinaría las funciones de los actuales Tribunal de Defensa de la Competencia y Servicio de Defensa de la Competencia. No por advertida, ésta ha sido quizás una de las cuestiones que más ha llamado mi atención por lo controvertido que puede resultar a priori que una única entidad sea la responsable de instruir y resolver los asuntos sobre los que tiene competencia conforme a ley. Y todo ello aun cuando se arbitren ciertas medidas que deben promover la transparencia en su actuación.

Por lo demás, se propone eliminar el concepto de abuso de posición de dominio, la denominada explotación de la dependencia económica de una empresa con respecto a otra. Ello es sin duda plausible aunque al mantener -inadecuadamente a mi juicio- como un ilícito en materia de competencia su falseamiento por actos desleales se deja abierta la puerta a la calificación de la práctica mentada como anticompetitiva.

No puedo compartir la decisión de mantener los actos desleales en este orden. No sólo por contravenir lo que se expuso en el Libro Blanco sino por cuanto, como ha subrayado el Tribunal de Defensa de la Competencia reiteradamente, los actos desleales únicamente pueden ser censurados en la sede que nos ocupa cuando trascienden al interés público; y ello sucede muy excepcionalmente.

Lamentablemente, la práctica nos ha demostrado que a veces se ha acudido a la denuncia en vía administrativa en beneficio del propio denunciante, vistas las ventajas que ofrece a quien impulsa el procedimiento tanto en términos mediáticos como de presión al denunciado y de exoneración de responsabilidad y ausencia de coste de alguno, incluso si se archiva el expediente iniciado.

Seguiremos atentamente el proceso legislativo, confiando que la nueva norma resulte adecuada para afrontar los retos que se avecinan.