La mitad de las empresas no permite salir para fumar

Una de cada cinco cree que se debe compensar a los no fumadores

Una de las leyes más polémicas de los últimos años ha sido la que restringe el consumo de tabaco en sitios cerrados. La ley, que entró en vigor en enero de este año, afecta de forma sensible a las empresas, puesto que obliga a los fumadores a salir a la calle si quieren fumar durante la jornada laboral. El Barómetro Empresarial Cinco Días-Metroscopia incluye una sección específica para evaluar la reacción de los empresarios ante esta nueva realidad. Un primer vistazo a las respuestas denota que casi nueve de cada diez empresas (88%) no están teniendo problemas a la hora de aplicar la nueva disposición. Un 9% de los empresarios reconoce haber tenido algún problema de escasa relevancia, y sólo un 3% afirma haberse encontrado con contratiempos muy importantes.

Si se desciende al análisis sectorial, es en la construcción donde los empresarios encuentran menos problemas para aplicar la ley antitabaco. El 95% declara no observar ninguno, probablemente porque la mayor parte del trabajo en este sector se realiza al aire libre. En el otro extremo -aunque también con claro predominio de la ausencia de problemas- aparece el comercio, donde el 12,7% de los empresarios afirma haber sufrido contratiempos de poca importancia, y un 4,7% sostiene que los ha tenido muy importantes.

Pero donde más choques se pueden producir entre empresarios y trabajadores es a la hora de permitir salidas a la calle para fumar. Buena parte de los fumadores tienen, más que hábito, una adicción física difícilmente superable por la sola voluntad de una ley. La disposición prohíbe fumar en todas las instalaciones cubiertas, eliminando incluso la opción de las tradicionales salitas de fumadores. Así, la única opción disponible para éstos es salir a la calle, una posibilidad que, además del tiempo de consumo del cigarrillo, que puede rondar los diez minutos, lleva anejo el desplazamiento y el regreso. Dado que algunos fumadores pueden consumir más de diez cigarrillos durante la jornada laboral, el coste en términos de tiempo no trabajado es, en ocasiones, muy alto. Así las cosas, no es extraño que prácticamente la mitad de los encuestados (48%) crea que no debe permitirse a los empleados salir a la calle para fumar. El porcentaje de los proclives a esta licencia es muy similar: 50,7% del total. De nuevo, en el sector de la construcción se registran menos reticencias: dos de cada tres empresas no encuentran ningún problema en las salidas. La cosa cambia radicalmente en el sector industrial: aquí son mayoría (55,4%) los que se muestran remisos a conceder estos permisos.

Casi nueve de cada diez encuestados dice no haber tenido ningún problema a la hora de aplicar la ley

Sea como fuere, al menos en los primeros meses de aplicación de la ley no se han producido novedades significativas en el tratamiento de la empresa hacia los empleados. Así, el 81% de los encuestados afirma que no se han tomado medidas para regular las salidas de los fumadores a la calle. Sí lo ha hecho el 18,4% del total. La mayoría de éstas se ha inclinado por fijar pausas, establecer turnos o marcar un horario (48%), mientras que el 17% ha habilitado algún espacio para fumadores.

La distribución sectorial denota una vez más una menor preocupación por el asunto en las empresas constructoras, donde apenas el 14% han tomado alguna medida al respecto. En cambio, en las del sector servicios casi una de cada cuatro (24,5%) reconoce haber tomado alguna iniciativa en el particular.

Con todo, aunque no se tomen medidas respecto a las salidas de los fumadores, es evidente que se produce una discriminación involuntaria hacia los que no fuman, porque, en igualdad de jornada, acaban trabajando más tiempo efectivo. Sin embargo, la mayoría de los empresarios (78%) considera innecesario que se compense de alguna manera a los trabajadores que no fuman (cada cigarrillo consumido supone cerca de diez minutos de trabajo incumplidos). Sin embargo, un porcentaje significativo, que supera la quinta parte del total, cree que sí debería haber alguna compensación. Así, un 13,4% del total cree que se les debería conceder tiempo libre equivalente al que pierden sus compañeros en fumar; un 3,2% sugiere compensaciones económicas, y un 3% aboga por otros tipos de medidas. Los más proclives a la compensación económica son los empresarios del sector servicios (17,1%), muy por encima de los de industria (10,8%).

Los beneficios de la Ley de Igualdad

A pesar de las duras críticas que suscitó el anteproyecto de Ley de Igualdad en el seno de la patronal CEOE, los empresarios consultados por el Baremo Empresarial Cinco Días Metroscopia ven esta futura norma más beneficiosa que perjudicial para la economía española.En un baremo de 0 a 10 en el que cero supone una calificación de 'muy perjudicial' y diez, 'muy beneficiosa', los empresarios han otorgado una puntuación de 6,4 a esta nueva ley, que tiene que atravesar ahora el trámite parlamentario.Los empresarios del sector de la construcción, que es el que cuenta con menor presencia femenina, es precisamente el que más valora la Ley de Igualdad (7,2). Mientras que el sector servicios es que ve la norma con más escepticismo (5,9); seguido de la industria (6,2) y el comercio (6,6).Consultados por si consideran que esta ley tiene unos costes asumibles, los empresarios consultados consideran que es ligeramente más asumible para la economía en general (6,1) que para su empresa en particular (6).La Ley de Igualdad recoge, entre otras cosas, la obligatoriedad de negociar medidas tendentes a la igualdad de hombres y mujeres en todos los convenios y obliga también a la elaboración de planes de igualdad en todas las empresas de más de 250 trabajadores. Además, primará a las empresas más 'igualitarias' en la concesión de contratos públicos. La CEOE encuentra en estas medidas más costes sociales que económicos. Aun así ha asegurado que será difícil aplicarla y, sobre todo, que erosionará la paz social.Los empresarios que encuentran la norma más asumible en su propia empresa son los del comercio (6,1) mientras que los de la industria, los servicios y la construcción otorgan una puntuación de 5,9 ante la pregunta de si compañía asumirá la norma con facilidad.Facilmente asumibleEl sector del comercio es el que considera que la economía española podrá asumir la Ley de Igualdad con más facilidad, frente a los empresarios del sector servicios, en general, que ven más dificultades para que España pueda acometer los costes que supondrá esta nueva norma.