La CNE solicita más poder para vigilar la competencia en el sector energético
La Comisión Nacional de la Energía acaba de publicar sus alegaciones al anteproyecto de ley de defensa de la competencia. La CNE hace una 'valoración general positiva' del nuevo texto, pero reclama para sí funciones adicionales en la investigación de conductas contrarias a la competencia.
La Comisión Nacional de la Energía considera que el anteproyecto de ley de defensa de la competencia merece una valoración general positiva en cuanto representa la adaptación de la normativa española de defensa de la competencia a la reforma y modernización que ha tenido lugar en el ámbito europeo, e introduce mejoras de orden sustantivo y procesal en el sistema español de competencia.
Sin embargo, el mecanismo que establece la ley de puesta en conocimiento de la nueva Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de los actos, acuerdos, prácticas o conductas de que tenga conocimiento que puedan vulnerar la ley de competencia no recoge las funciones que la CNE considera necesarias y que le darían la instrucción de tales expedientes en materia energética.
La ley establece que la CNE emita un informe no vinculante en los expedientes de la Comisión de Competencia sobre el sector energético, pero el organismo que preside Maite Costa reclama una intervención mayor, como ya había defendido en sus comentarios al Libro Blanco de Defensa de la Competencia. El regulador energético considera que en las investigaciones relacionadas con su sector 'su mera intervención en vía de informe, aunque fuera preceptivo, en el marco de los procedimientos instruidos por las autoridades de defensa de la competencia no siempre sería suficiente'.
'Por el contrario', añade, 'la complejidad de los sectores energéticos y en particular el sector eléctrico, así como el amplio conocimiento que de los mismos tiene la CNE, aconsejan que sea ésta la que se encargue de instruir tales procedimientos sancionadores'.
La CNE entiende que los reguladores sectoriales tienen ventaja porque disponen de amplios conocimientos específicos de sectores de gran complejidad tanto de orden técnico como regulatorio, y de conocimientos concretos de la estructura y grado real de competencia de los sectores que regulan. También cuentan con más medios humanos dedicados exclusivamente a la regulación y supervisión de un sector determinado. Todo ello 'les permite ofrecer con mayor rapidez una respuesta más precisa y cercana a la realidad de los mercados para la consecución de la competencia', según la CNE.
En particular, la CNE considera que debe asumir las tareas de valoración preliminar de eventuales indicios de prácticas contrarias a la competencia; la indagación de la información necesaria a recabar para determinar la existencia o no de indicios racionales de infracción; la solicitud y obtención de dicha información de las empresas sobre las que ejerce la tarea de regulación y supervisión en los mercados energéticos; la acotación de los mercados específicos en los que se están desarrollando las eventuales prácticas, y el análisis pormenorizado de la información obtenida.
Una vez detectada la eventual práctica, también correspondería a la CNE juzgar el origen de la misma y de sus causas, ya sea regulatorias, ya sea estructurales o de comportamiento de las empresas, deslindando la responsabilidad de la empresa si la hubiere, así como en su caso, proponiendo la medida regulatoria que fuera adecuada adoptar para evitar la comisión de tales prácticas.
Cooperación
La CNE considera positivo el marco general de coordinación e intercambio de información establecido por la futura ley de competencia en materia de coordinación con los reguladores sectoriales. También apoya los encuentros periódicos entre sus presidentes.
Reforzar el papel en el control de concentraciones
La CNE ve positivo que la nueva ley de competencia prevea la petición de un informe no vinculante a los reguladores sectoriales en el marco de los expedientes de control de concentraciones, y que lo haga en términos tan generales que permita la petición de informe en las diversas fases. No obstante, estima que 'sería conveniente asegurar la posibilidad de intervención de la CNE tanto en la primera fase de análisis de la Dirección de Investigación como en la segunda fase de decisión por la Comisión Nacional de Competencia (CNC), o incluso en el momento en que se presenten compromisos por las partes que no hayan sido previamente conocidos por la CNE, y a tal finalidad, que tal circunstancia quedara reflejada de manera más explícita en la nueva ley'.La CNE también se queja de que no quedan plasmadas en el anteproyecto sus consideraciones dirigidas a reforzar su función consultiva en materia de concentraciones, para el caso en que las autoridades de competencia emitan un informe en sentido distinto al emitido por la CNE. El regulador energético pedía conocer los argumentos en que se basaría tal discrepancia antes de que Competencia adoptase la decisión final para poder realizar observaciones, 'enriqueciendo de esta manera todo el debate previo a la decisión que se adopte'.