COLUMNA

Los enemigos del Estado de bienestar

El objetivo del Estado del bienestar (EB) es hacer que las personas afectadas por la enfermedad, la ignorancia, el desempleo o la vejez puedan integrarse en la comunidad sin un deterioro drástico de su nivel de vida. Gracias a las prestaciones educativas, sanitarias, pensiones, por desempleo y culturales, así como por la filantropía asistencial privada y el mecenazgo, la cohesión social es más sólida y el nivel de vida de los menos favorecidos es más alto.

El EB es una conquista del progreso en cuya causa participan, junto a los políticos que dieron los primeros pasos (Bismarck, Beveridge, Maura…), los teóricos que aportaron las ideas, los sindicatos que presionaron y el avance técnico que aumentó la productividad que lo financia. A estas fuerzas se debe también la reducción de jornada laboral, el aumento de la expectativa de vida, la mejora en la educación, la previsión sanitaria, la prevención de riesgos laborales, el cuidado del medio ambiente, la provisión de vivienda saludable, etcétera. Sin embargo, hay factores que actúan en sentido contrario y corroen los vínculos que posibilitan la transferencia de rentas que lo soporta.

El oportunismo, especialmente cuando se acompaña de la ingenuidad que lo desconoce o la conveniencia que finge no verlo. Oportunista es quien busca el bien propio con dolo. La acción de la persona empleada que finge enfermedad inexistente perjudica al empleador, a la Seguridad Social -que pierde ingresos y aumenta gastos- y a los compañeros, que han de mantener el nivel de actividad requerido para atender a los clientes.

La ineficiencia de los responsables de la gestión de todas las prestaciones. Con esa actitud generan un gasto superior al necesario, gravando el esfuerzo de los contribuyentes y/o deteriorando la calidad de las prestaciones, con lo que lesionan la realidad y las expectativas de los beneficiarios de las prestaciones empobrecidas por la negligencia.

Las exigencias desaforadas que deslegitiman el sistema. Así, cuando se postulan rentas generalizadas y sin contrapartida se olvida que el EB no es una versión moderna del panem et circenses. El primero es expresión de una solidaridad en dos direcciones, y el segundo es un artificio de tiranos que buscan una base política de sustentación basada en adhesiones interesadas.

El uso de prestaciones como medio para comprar votos. Las ventajas de algunos se pagan a costa de deteriorar la calidad del sistema y su sostenibilidad futura. Cuando la obligación del pago se traslada a las generaciones futuras, éstas arriesgan una herencia sin patrimonio y con deudas.

La superposición de redistribuciones, cuando a las personales se añaden las territoriales o las funcionales, de modo que junto con las prestaciones dinerarias y las asistenciales aparecen también descuentos en compras de bienes y servicios públicos, exenciones y otras que terminan por suponer intercambios entre distintos segmentos de la clase media.

La deslealtad competitiva que se genera cuando se otorgan ventajas a algunos proveedores del sector público (o en general) por el mero hecho de estar dotados de algunas características que son consideradas deseables por los reguladores, pero que encarecen las compras del sector público o, al menos, las fundamentan en aspectos ajenos al bien o servicio adquirido.

La burocracia, en el mal sentido de la palabra, esto es el uso del poder para imponer preferencias personales con cargas de cumplimiento innecesarias, que humillan a los beneficiarios y que disipan tiempo y recursos en trámites innecesarios. No es raro ver alianzas entre la burocracia y grupos oportunistas para obtener mayores dotaciones para gasto.

Los desincentivos perversos, que llevan a relajar el cuidado de uno en valerse por sí mismo y la tentación de inocencia por la que se piensa que se tienen derechos sin deberes correlativos. Frente a esto, los contribuyentes netos pierden la parte de su esfuerzo desvanecido a través de lo innecesario.