De la Ilustración al siglo XXI
El Ayuntamiento de Barcelona nos ha madrugado a todos. El pleno municipal celebrado el 24 de marzo aprobó la nueva Ordenança Reguladora de l'Administració Electrónica, lo cual leído así, sin más, es de una opacidad notable y de un bajísimo nivel de comunicación, pero nada más lejos de la realidad. Esta voluntad política plasmada en un texto normativo de ámbito municipal es un hecho histórico por lo que tiene de revolucionario y pionero en su especie.
Se trata de dar un salto cualitativo de nuestras Administraciones públicas desde los atávicos procedimientos desarrollados en la Ilustración (siglo XVII) hasta los horizontes actuales del siglo XXI.
Siguiendo nuestras más oscuras tradiciones del tipo 'vuelva usted mañana' (Larra) y del unamuniano '¡que inventen ellos!', parece que nadie conoce -lo que es peor, nadie quiere conocer- y nadie valora la fuerza y transcendencia que encierra esta nueva norma. Lo que de verdad implica es apostar por la luz frente a las tinieblas seculares, es en definitiva apostar de modo resuelto y decidido por la eficacia, la defensa de los derechos de los ciudadanos (recordar que justicia lenta no es justicia), la productividad y, en última instancia, el mayor logro alcanzado hasta la fecha para poner coto a más de 10 años de pérdida de competitividad de nuestro país, en el ámbito de las economías más evolucionadas del mundo. A pesar de todo ello un espeso, casi ominoso, silencio, tanto político como mediático, ha caído sobre tan decidido gesto. Por eso creo necesario informar a los responsables de las Administraciones en sus diversas instancias y al público en general de dos ideas clave.
La primera es transmitir la potencia de la norma que nos ocupa. En su artículo 4 promulga Los derechos digitales de los ciudadanos (de Barcelona en este caso) de entre los que destacan los siguientes:
l Derecho a dirigirse a la Administración municipal a través de medios electrónicos, presentar documentos, realizar trámites y procedimientos y, en general, ejercer los derechos y las facultades que les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo.
l Derecho a exigir de la Administración municipal que se le dirija a través de estos medios y obtener documentos en formatos electrónicos.
l Derecho a no presentar documentos que se encuentren en poder de la Administración municipal.
A pesar del escepticismo inherente a los agoreros y pesimistas se acabaron, para quien quiera, los desplazamientos, las colas, el vuelva usted mañana, las pólizas, el sellado de entrada en registro, las fotocopias, las grapas, los clips, las carpetas y hasta el extravío de documentos sensibles. Bienvenidos sean, también para quien quiera, la información en tiempo real, el seguimiento de procedimientos administrativos, fase a fase, la aceleración de los cobros (y claro, también de los pagos), el ahorro de papel, el no duplicar documentos preexistentes, etcétera. Sin duda alguna esta ordenanza abre un nuevo horizonte de eficacia, productividad y competitividad que no será fácil de alcanzar, pero nada se consigue si primero no se intenta.
Y la segunda idea, al hilo de lo anterior, es que sí, que también en política querer es poder y que con este ejemplo de indudable voluntad se han acabado las falsas excusas, el 'es muy difícil', el mirar para otro lado. Que nadie lo dude, si se ha conseguido en Barcelona, que es un ayuntamiento de elevada complejidad administrativa, no hay excusa válida para no hacerlo también en el Servicio Público de Salud, la Dirección General de Tráfico o la Administración de justicia, por citar algunos ejemplos.
Lo que no es de recibo es que hasta la fecha el sistema digital tan sólo estuviera implantado para atender al lado oscuro de la fuerza; la recaudación de impuestos y el pago de cuotas a la Seguridad Social. Lo digital también tiene un lado amable. La ignorancia de la ordenanza que nos ocupa y el ninguneo de la misma no es más que un derroche de oportunidad. Sería bueno que alguien se planteara hacer lo mismo en el ámbito de la Administración general del Estado.