Bruselas llevará a España ante los tribunales por la 'ley anti-EDF'
El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, espera denunciar mañana ante el Tribunal europeo de Justicia la llamada ley anti-EDF, promulgada por el ex ministro Rodrigo Rato para limitar el derecho de voto de las compañías con capital público que inviertan en el sector energético español. McCreevy también ha indicado su intención de actuar en breve contra los nuevos poderes otorgados a la CNE.
McCreevy espera contar mañana con el respaldo de sus colegas para llevar ante los jueces la normativa española que supedita a una autorización administrativa los derechos de voto de las empresas con capital público que invierten en el sector energéticos español.La Comisión enmarca la denuncia en su ofensiva contra los síntomas de proteccionismo que ha detectado en países como España, Francia o Polonia. El presidente del organismo, José Manuel Barroso, ha insistido en concreto en que considera un anacronismo los impulsos gubernamentales para crear grandes empresas nacionales en el sector energético.
De hecho, el expediente que mañana puede acabar ante los tribunales yacía olvidado en el cajón de McCreevy desde julio de 2005, pero el comisario lo rescató tan pronto como la empresa alemana E.ON, que cuenta con un 2,5% de capital público, presentó en febrero de este año una oferta de compra por Endesa.
El departamento comunitario de Mercado interior, cuyo director general es el alemán Alexandre Schaub, anunció de inmediato su intención de proponer la denuncia contra España en la primera reunión de la Comisión que abordase este tipo de expedientes. La fecha ha llegado. Y es mañana. En Estrasburgo.
McCreevy también sopesa la posibilidad de volver a denunciar a España por no haber suprimido la acción de oro en Endesa y Telefónica, tal y como dictaminó el Tribunal de la UE en 2003. Y el comisario tampoco oculta su intención de denunciar, tan pronto como los servicios jurídicos de la CE den la luz verde, la reforma de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que permitirá al regulador español pronunciarse sobre la opa de Eon.
La decisión de mañana, en cualquier caso, culmina las repetidas objeciones de la Comisión contra una ley española que, a su juicio, otorga a las autoridades de este país 'un poder discrecional para controlar la estructura accionarial de las empresas del sector energético'. El conflicto data de 1999, cuando el primer Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato como ministro de Economía, adoptó la norma para frenar el monopolio público galo æpermil;lectricité de France.
Reciprocidad
Bruselas tampoco acepta el principio de 'reciprocidad' invocado por la ley anti-Edf. El Gobierno de Aznar justificaba su veto a la empresa gala por la falta de competencia en el mercado energético francés. El de Rodríguez Zapatero también coquetea con la misma idea, aduciendo que la propia Comisión Europea considera que los dos gigantes alemanes, Eon y RWE, mantienen prácticamente blindado su mercado nacional. Eon, además, alcanzó su gigantesca dimensión actual gracias a los sucesivos impulsos políticos del Gobierno alemán que ahora le parecen anacrónicos a Barroso.
Pero la CE insiste en que el derecho de reciprocidad sólo atañe a la prestación de ciertos servicios, 'no a la propiedad de la compañía o a los derechos de voto de los inversores en el sector'. Bruselas cuenta en ese punto, a priori, con el respaldo del Tribunal de Luxemburgo, que anuló recientemente una ley italiana muy similar a la española, hasta el punto, de que también estaba concebida para frenar a EDF.
'El hecho de que el mercado energético no esté totalmente liberalizado no justifica una restricción unilateral de un principio fundamental del Tratado como es la libre circulación de capitales', subraya la Comisión.
Expedientes por falta de liberalización
El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgas, anunciará mañana una serie de expedientes disciplinarios contra los países que no han adoptado las directivas de liberalización del mercado de gas y electricidad. También habrá expedientes, posiblemente contra España entre otros países, por carencias en la normativa de renovables, biofueles y reservas de petróleo.