COLUMNA

Funcionarios, despertad

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se ha impuesto ambiciosas tareas modernizadoras. Primero dio carta de naturaleza al permiso de paternidad y a otras medidas en el ámbito de la función pública para facilitar la compatibilidad de la vida profesional y familiar con la pretensión de abrir brecha de manera ejemplarizante en este campo, y ahora acaba de informar sobre las líneas básicas del anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público que, al parecer, significaría el fin de la unión indisoluble entre el funcionario y la plaza de su propiedad, por mucho que hubiera sido obtenida con todos los sacramentos de la oposición clásica.

Interesa recordar las previsiones de la vigente Constitución de 1978 sobre el particular. Dice el artículo 103, en su apartado primero, que 'la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho'. Precisa en el apartado segundo que 'los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley' y determina en el tercero que 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones'. Así caemos en la cuenta que 32 años después de promulgada nuestra Carta Magna el estatuto legal prometido sigue pendiente.

Tal vez en estos momentos inaugurales de un nuevo consenso, surgido al hilo de un asunto tan grave como el del fin del terrorismo etarra, ahora que se percibe un clima de entendimiento, expansivo por su propia naturaleza, podrían lograrse acuerdos también en otras áreas básicas como esta de la función pública, de modo que aquí terminara sonando la flauta.

De ahí el llamamiento de Jordi Sevilla el pasado miércoles al Partido Popular para que reconsidere su oposición frontal al estatuto que será aprobado en las próximas semanas por el Consejo de Ministros y que afecta a 2.400.000 personas. El propósito declarado debería ser la introducción de estímulos de modo que la plaza obtenida en propiedad, a cubierto de las arbitrariedades políticas del spoil system, deje de ser un plano inclinado que derive en garantía para la siesta indefinida, a la que Mariano José de Larra caracterizó con tanto acierto.

En realidad, la introducción del mérito ya forma parte, por ejemplo, de la carrera de los militares profesionales. En efecto, los oficiales, al graduarse en las academias de los Ejércitos, reciben el despacho de teniente o el equivalente de alférez de navío y se incorporan a las respectivas escalillas con el número ganado en las pruebas correspondientes pero luego son periódicamente evaluados para tener en cuenta la forma en que han desempeñado sus destinos y atender a los cursos de capacitación que hayan superado. Esos resultados alteran el orden de salida de las academias y aproximan o retrasan los ascensos.

En su libro de aforismos Labrador del aire escribió el inolvidado Arturo Soria y Espinosa: 'Hacerse del cuerpo: en el campo, cagar; en la ciudad, entrar en el escalafón'. Y nuestro Jorge Wagensberg, en su último volumen A más cómo, menos por qué, subraya que 'la masa es la desgana de un cuerpo para cambiar de velocidad'.

Es precisamente la desgana lo que se quiere remover con la figura del personal directivo, el recurso a distintos modelos de promoción y unas normas de acceso y procesos de selección que antepongan criterios técnicos a los de adscripción política o sindical. Además de la actualización de las retribuciones básicas y las complementarias establecidas conforme a factores de especial dificultad, progresión alcanzada en la carrera, grado de interés, iniciativa o esfuerzo. La cuestión a dilucidar es la de los parámetros conforme a los cuales se harán las evaluaciones y la de quiénes serán los evaluadores. ¿Primará la competencia o la sumisión y docilidad? Atentos.