Sevilla: "Se acabó lo del puesto para toda la vida para los funcionarios"

"Se acabó lo de tener un puesto de trabajo para toda la vida, se desempeñe como se desempeñe". Así de tajante ha anunciado el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, una de las líneas del anteproyecto del Estatuto del Empleado público. A partir de ahora, los funcionarios podrán ser cesados de su puesto y derivados a otro si no hacen bien su trabajo.

Otra de las características más importantes del texto es que capacita a las comunidades autónomas a implementar el sueldo de los funcionarios mediante complementos. Sevilla ha instado al PP a pactar la propuesta en su presentación del proyecto ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, esta mañana.

"Hago un llamamiento al PP a que reconsidere, más que su oposición, su negación frontal hacia el presente estatuto, y para que recuperemos los cauces de diálogo que nos permitan llegar a un acuerdo, o al menos intentarlo", aseveró Sevilla.

Para convencer al principal partido en la oposición, el ministro glosó las grandes semejanzas que encuentra entre el texto propuesto y el que elaboró el PP en 1999, que finalmente no llegó a ser aprobado.

La principal novedad del texto radica, según Sevilla, en que los empleados deberán responder de su trabajo y, si no son eficientes, podrán ser cesados de su puesto. "Pasan a tener una gran importancia los métodos objetivos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de la actividad profesional", sostuvo.

"Consiste en hacer que los empleados públicos respondan continuamente de los resultados de su actuación, para lo que se establece la evaluación objetiva del desempleo como elemento clave y mecanismo de modernización".

Otros puntos clave

En materia de sueldos, habrá unas retribuciones básicas que serán "iguales" para todas las administraciones (central, autonómica y local), mientras que las complementarias "serán fijadas por cada administración". En 1999 se propuso, recordó el ministro, que las retribuciones fueran similares en toda España, "algo que la realidad, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, desmiente claramente, existiendo diferencias muy significativas entre las retribuciones a los empleados públicos de las comunidades".

El Gobierno también persigue "aumentar la calidad del empleo público, mediante la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas", culpable del aumento de la precariedad laboral en los últimos años, principalmente como consecuencia de las contrataciones en las administraciones territoriales.

El buen gobierno también llega a la función pública y habrá un Código de Conducta aplicable a todos los empleados públicos, "comparable" al que se ha establecido para los altos cargos del Gobierno.

Queda regulado, asimismo, el sistema de acceso y selección de los empleados públicos, en función de los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad", pero también considerando los de "publicidad, imparcialidad, profesionalidad o agilidad, sin merma de la objetividad".

Además, el anteproyecto, añadió Sevilla, incluye cuestiones como el impulso a la igualdad de género o la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Habrá, además, paridad en la composición de los órganos de selección y en la provisión de puestos de trabajo, y "tolerancia cero" con cualquier tipo de discriminación.