Apple acusa al Gobierno francés de promocionar la piratería desde el Estado

Francia ha puesto contra las cuerdas el modelo de venta de música por internet de Apple con la aprobación esta semana de su nueva Ley de Propiedad Intelectual. La multinacional acusa al Gobierno francés de promocionar la piratería desde el Estado y la consultora Ovum ve más probable que Apple abandone el país que decida compartir su tecnología.

El esperado resultado llegó el pasado martes a última hora: 286 votos a favor y 193 en contra de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que Francia arrastraba desde diciembre de 2005. Se trata, según los expertos, del resultado más apretado en una votación de la Asamblea Nacional. Y no es para menos. El país galo se ha decantado con su proyecto de ley por un modelo que instaura sanciones por la descarga ilegal de ficheros en internet y obliga a los proveedores de sistemas de descarga legal, como Apple, a abrir su tecnología a sus competidores.

Así, el palabro 'interoperabilidad' previsto en el texto, que aún tiene que viajar al Senado en las próximas semanas, contempla que 'cualquier obra adquirida legalmente debe poder ser leída desde cualquier soporte. Se trata de un avance francés considerable', según ha explicado el ministro francés de Cultura, Renaud Donnedieu de Vabres.

Esta medida referida a la interoperabilidad, que ha generado la satisfacción generalizada de las asociaciones de usuarios de internet, supone en la práctica el entierro del exitoso modelo iTunes Music Store, la tienda de música online de Apple. Esta compañía, presidida por Steve Jobs, vende desde el año 2003 música en la red mediante un formato propio dotado del sistema DRM ForPlay (Protección Digital de Derechos, en sus siglas en inglés), que sólo funciona con su exitoso iPod.

Sin embargo, la ley francesa obligará a la compañía a abrir su software de música a otras compañías y hacerlo compatible con los dispositivos de Sony o de Microsoft, también afectados por la medida y que rehusaron hacer cualquier comentario a este diario.

La reacción de Apple no se ha hecho esperar: 'Si Francia aplica la directiva europea sobre los derechos de autor, el resultado será una piratería promocionada por el Estado', aseguran tajantes. Algunos expertos de la consultora Ovum vaticinaban que Apple podría abandonar el mercado francés antes que compartir su tecnología. Y el Ejecutivo francés, que se reunirá próximamente con los dirigentes de la compañía en Europa, asegura que el modelo galo sentará jurisprudencia. 'Es evidente que otros países nos seguirán', subrayan.

La polémica medida prevé además sanciones por descargar cualquier tipo de fichero. Las multas pueden oscilar entre 38 euros, si es para uso privado, y 150 euros, si los contenidos se comparten con otros usuarios.

Medida confusa

Para la asociación de internautas Audionautes, que entró en el debate hace dos años en protesta contra una multa de 3.000 euros a un estudiante, la medida es confusa. 'No se especifica si la multa será por cada fichero o global'. 'Nosotros estamos de acuerdo con pagar a los artistas, pero resultará imposible frenar las descargas', señalan desde la organización.

La misma ambigüedad es criticada por la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música (Sacem). 'La multa de 38 euros nos parece adecuada si es por cada obra, pero esto no se ha precisado. Si la sanción fuera por persona, sería ridículo, porque cada internauta podría descargar todos los ficheros del mundo'.

España se plantea gravar el ADSL

En España no se considera delito descargarse archivos en internet, siempre que no haya un afán de lucro, y que las copias se utilicen en el ámbito familiar, informa Luz Fernández. La ley reconoce el derecho a la copia privada, por lo que el debate gira en torno a los cánones que se aplican a los CD y DVD para compensar estas copias y que ahora se quiere extender a los discos duros y las conexiones de ADSL. El Parlamento aprobó la semana pasada una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que aún debe pasar por el Senado, en la que se contempla la creación de comisiones arbitrales para estudiar si se debe aplicar este gravamen en las conexiones de banda ancha y otros dispositivos. La Asociación de internautas (AI) cree que se está cometiendo un grave error al encarecer los elementos clave para el avance de la sociedad de la información con una motivación que 'no es justificable' ya que se paga un canon se copie o no un contenido protegido.'Lo peor es que ha habido unanimidad en los partidos políticos' se asombra Víctor Domingo, presidente de la AI, que está organizando un encuentro para el próximo 30 de marzo en el que participarán distintas patronales, incluidas Aetic y Asimelec, para plantear medidas de presión para modificar esta medida.Además hay otra incoherencia en el hecho de que por un lado se reconozca el derecho a la copia privada, pero que se protejan los sistemas anticopia al considerar su violación un delito. 'Todos los DVD lo llevan, así que no puedo copiarlos. Pero si me compro un disco grabable tengo que pagar una tasa', resalta Domingo.

Multas polémicas

Descargas. El internauta que descargue un contenido en internet de manera ilegal para su uso privado pagará una multa de 38 euros. De compartir el material digital con otros usuarios, la multa se elevará a 150 euros.Copias. La ley francesa reconoce técnicas de protección orientadas a limitar los intercambios y las copias de ficheros. Crear o distribuir cualquier mecanismo que permita violar estas medidas estará sancionada con 3.750 euros de multa y seis meses de prisión. Para el internauta que utilice algún programa que viole la protección de contenidos en la red se enfrentará a multas de 750 euros.Intercambios. La venta de un programa deliberadamente destinado a intercambios ilegales de obras protegidas será condenada por la nueva Ley de Propiedad Intelectual con tres años de prisión y 300.000 euros de multa.Ficheros p2p. El juez podrá ordenar al editor de un software de intercambio de ficheros (Los llamados Peer to Peer o P2P) la comunicación de los intercambios de ficheros ilegales. La administración pública subcontratará empresas especializadas en la protección de activos digitales para seguir la pista de los intercambios ilegales por internet.