Los auditores reclaman una revisión de su organismo supervisor
Los auditores españoles creen que el ICAC está más enfocado a imponer sanciones que a mejorar la calidad de los trabajos de auditoría, por lo que piden una revisión del organismo supervisor, al que además exigen que ponga fin a la inseguridad jurídica derivada de no disponer de un desarrollo de la Ley de Auditoría.
Los profesionales españoles de la auditoría de cuentas no quieren seguir esperando a que se trasponga la directiva comunitaria que sobre la materia se aprobó a finales del pasado año y cuyo plazo de adaptación a las distintas legislaciones nacionales es de dos años. 'Llevamos ya mucho tiempo sin un desarrollo reglamentario de la ley y eso nos genera problemas en el día a día, porque tenemos que firmar a diario informes de auditoría con los riesgos que eso implica', explica José María Gassó, presidente del Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas (IAJCE), que es la corporación que representa a la mayoría de la profesión. 'El ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) nos tiene sometidos a una parálisis', asegura.
La profesión está preocupada por asuntos que la ley apunta pero que no han sido desarrollados. Son cuestiones tan relevantes como la definición de qué trabajos pueden firmar, la normativa sobre formación continua, la rotación obligatoria de equipos, las normas de independencia, las reglas de acceso a la profesión, o la definición de la responsabilidad del auditor. Esto provoca que los auditores se sientan en una situación de indefensión, comenta José María Gassó.
Los auditores se han dirigido en varias ocasiones al organismo supervisor para solicitar a su presidente José Ramón González, que se aborde el desarrollo reglamentario de la ley Financiera de 2002, que modificó la de Auditoría de 1988 pero que aún no dispone de un desarrollo reglamentario completo.
'El reglamento lleva ya una demora de más de tres años y es una situación insostenible', señalan. Piden especialmente que 'se revise esta situación de vacío normativo por el bien de la seguridad jurídica y buen funcionamiento de la profesión'.
El presidente del ICAC se ha mostrado abierto a hablar con los profesionales y ha asegurado su intención de reunirse en los próximos meses con los representantes del sector para hablar sobre el desarrollo reglamentario de las normas de independencia de las firmas, la responsabilidad de los auditores y el control de calidad a través de las asociaciones profesionales de auditores.
Sin embargo, desde el IAJCE aseguran que después de meses de intentarlo, aún no se ha puesto nadie en contacto con ellos.
Modelo obsoleto
Los profesionales de la auditoría creen que el ICAC está obsoleto. 'Tal vez hace 15 años tenía sentido, pero ahora las cosas han evolucionado y el organismo también debería hacerlo. Es un problema de modelo', señalan. Los auditores se quejan de que el ICAC conoce las normas, pero no el desarrollo de la profesión. En opinión de esta corporación de profesionales, el organismo supervisor debería dar mayor participación a los auditores para conseguir una mejora de la calidad de las auditorías y no centrarse tanto en su labor sancionadora.
En este momento, las multas que puede llegar a imponer el ICAC pueden alcanzar el 20% de los honorarios de auditoría. Algo, que puede llegar a amenazar seriamente la supervivencia de una firma. 'Hay que tomar una decisión sobre esto ya. Sobre todo teniendo en cuenta que el mismo presidente del ICAC se ha afirmado públicamente que está en contra de este régimen sancionador que hay que replantearse seriamente', asegura Gassó.