La CE amplía el plazo para que España justifique el decreto sobre la CNE
España ha pedido 'unos días más' a la Comisión Europea para contestar a su inquisitiva carta sobre la ampliación de competencias de la Comisión Nacional de Energía y sus posibles consecuencias para la opa de Eon sobre Endesa. Bruselas ha accedido al requerimiento, entre otras cosas, porque no dispone de poderes legales para imponer un plazo concreto de contestación.
El ministro de Industria, José Montilla, no relacionó la prórroga con dificultades para responder a la extensa carta comunitaria, sino con razones ligadas al proceso legislativo nacional. 'No sería lógico contestar sobre una norma que no ha sido debatida todavía en el Congreso', justificó tras asistir en Bruselas al consejo de Ministros de Competitividad de la UE.
El departamento comunitario de Mercado Interior, que remitió la carta el 3 de marzo, se mostraba ayer dispuesto a acceder a la petición. 'En principio, no hay inconveniente en esperar unos días más', señalaban fuentes próximas al comisario Charlie McCreevy.
Las mismas fuentes reconocían que el carácter informal de la carta no permite a la Comisión establecer ningún plazo legalmente vinculante para responder. De hecho, la misiva, firmada por el director general adjunto de Mercado Interior, Thierry Stoll, se limita a señalar al Gobierno que 'le agradecería que nos hiciera llegar esta información en un plazo no superior a 10 días hábiles'. La CE no puede imponer plazos fijos mientras no abra un expediente disciplinario contra España.
'Los tribunales, y no la CE, son los que pueden decidir si se viola o no la ley'
La carta da por sentado que 'las nuevas disposiciones nacionales pueden crear obstáculos al derecho de establecimiento de los nacionales de otros Estados miembros así como a la libre circulación de capitales'. Bruselas añade que la ampliación de competencias de la CNE puede acabar 'disuadiendo a los inversores de otros Estados miembros y, en consecuencia, condicionar el acceso al mercado'.
'Está fuera de lugar que la CE haga juicios de valor que no le corresponden', señaló Montilla. El ministro advirtió al organismo comunitario que 'no es nadie para arrogarse competencias que no le corresponden, porque quienes pueden decidir si se viola o no la ley son los tribunales'.
'Es una carta muy dura', señalaba también en Bruselas el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Alberto Navarro. 'Sólo se recuerda como precedente la carta enviada a Álvarez Cascos en 1997 por el decreto sobre los descodificadores de la televisión digital'. El Gobierno de Aznar intentaba entonces imponer a ese sector u descodificador universal o, en su defecto, aceptar obligatoriamente el sistema de Vía Digital (controlada por Telefónica). La CE interpretó la medida como una violación del Tratado de la UE y Aznar, finalmente, tuvo que rectificarla. El Tribunal Supremo condenó después al Ejecutivo a indemnizar con 26,4 millones de euros (más de 4.400 millones de pesetas) a la empresa perjudicada, Canal Satélite Digital (del grupo Prisa, propietario de Cinco Días).
Bruselas y Madrid parecen prepararse de nuevo para librar una dura batalla legal y política, esta vez, por la opa de Eon sobre Endesa. La CE mantiene un enfrentamiento similar con París por auspiciar la fusión GDF y Suez para esquivar una opa de la italiana Enel.
Fuentes españolas anunciaban ayer su resistencia a la presión comunitaria 'porque el sector energético reúne una serie de condiciones especiales, como las instalaciones nucleares o el suministro a las islas, que justifica una vigilancia especial'. Desde la CE, por su parte, advertían que 'el caso español es una presa más fácil que el francés, porque en este hay que recurrir a la directiva sobre abuso de mercado, lo cual resulta mucho más complicado'.
Las eléctricas tratan de convencer al Gobierno para que no reforme el 'pool'
Las empresas eléctricas han puesto en marcha un plan de acción con el propósito de hacer entender al Gobierno que las nuevas reformas emprendidas en el mercado mayorista de electricidad (pool) no son adecuadas. Por ello, las eléctricas que operan en este mercado (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) están elaborando un estudio de naturaleza técnica para evaluar el alcance de las reformas, así como su impacto. Estas empresas se reúnen cada semana para evaluar cómo trabaja el sector y en los últimos encuentros se ha tratado de forma intensa las reformas definitivas en el pool.Las eléctricas alcanzaron ayer en la junta directiva de la patronal 'un amplio consenso sobre cinco aspectos fundamentales sobre la reforma', y consideran que estas medidas se han aprobado sin contar con el consenso del sector. Entienden que este decreto ley se ha puesto en marcha 'de una manera precipitada, lo que ha provocado que este modelo incurra en errores de carácter técnico'. También apuntan que estas reformas pueden 'entrañar riesgos de naturaleza regulatoria.