El suelo rústico próximo a las ciudades podrá tasarse más caro
El Ministerio de Vivienda tiene prácticamente listo el nuevo texto del anteproyecto de Ley del Suelo Estatal que quiere remitir al Congreso antes de final de mes. Una de las principales novedades que incluirá es la posibilidad de que los terrenos rústicos sean más o menos valorados según su cercanía a los grandes núcleos de población.
Gracias a esta modificación que finalmente incluirá el nuevo borrador, a la hora de vender un suelo calificado como rústico éste no tendrá el mismo valor si se encuentra en medio de un paraje rural alejado del núcleo urbano, que si está ubicado en la corona metropolitana de la ciudad.
Según ha podido saber Cinco Días, con esta iniciativa se flexibiliza la primera versión de ley de suelo que contemplaba dos clasificaciones para los terrenos: rústico y urbano y no hacía ninguna mención acerca de aplicar precios distintos según su localización geográfica. Por ese motivo, una vez que se conoció el primer borrador, los promotores se mostraron contrarios a esa reforma del sistema de valoraciones. 'El mercado no entenderá que un suelo rústico de Cuenca pueda ser igual de caro que otro a las afueras de Madrid', explica un promotor.
Ahora, los expertos urbanistas y juristas que ultiman el anteproyecto deberán definir qué criterios de cercanía se tienen finalmente en cuenta y qué valor se asigna a cada situación.
El objetivo del nuevo sistema de valoraciones que incluirá la ley es que los terrenos rústicos no sigan pagándose en función de si van a ser o no recalificados como urbanizables
Aunque esta modificación pueda ser interpretada como una concesión del equipo de María Antonia Trujillo a las presiones realizadas por los promotores, fuentes consultadas por este periódico aseguran que éste era un cambio necesario, dado que la primera versión de la ley 'podía perjudicar seriamente el balance de numerosas empresas con grandes patrimonios de suelo obtenidos en los últimos años al calor del boom inmobiliario'.
Estas fuentes sostienen que pese a esa modificación, el espíritu de la futura norma es el mismo que el texto inicial: 'lo que se pretende evitar es que los suelos rústicos se sigan pagando más o menos caros en función de si en el corto o medio plazo pueden ser recalificados como urbanizables'.
Es más, a la espera de conocer el texto definitivo, el primer borrador recordaba que 'la clasificación de suelo ha contribuido históricamente a la inflación de los valores de los terrenos, incorporando a su precio expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar esas expectativas (...) y por ende ha fomentado las prácticas especulativas contra las que debemos luchar por imperativo constitucional'. Así, el Ministerio ha insistido al elaborar la norma que 'se tasará lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber'.
Por último, las fuentes consultadas confirmaron que la futura ley, cuya aprobación en Consejo de Ministros y remisión al Congreso está prevista para antes de final de mes, sí tendrá en cuenta también las inversiones que hayan realizado los tenedores de suelo sobre el mismo.
Reserva para VPO. La norma fijará el mínimo de referencia para las regiones
Además del nuevo sistema de valoraciones que contendrá la ley estatal de suelo, otro de los pilares de la futura norma será el establecimiento de un mínimo de reserva de terrenos para construir viviendas de protección oficial (VPO), que sirva de referencia a las comunidades autónomas, ya que son éstas quienes tienen la competencia para fijar el porcentaje definitivo. El primer borrador establecía que en los nuevos desarrollos urbanísticos ese mínimo destinado a edificar VPO debía estar establecido en el 25% y todo apunta a que ese porcentaje se mantendrá invariable en el nuevo texto que aprobará el Consejo de Ministros este mes.A partir de esa cifra, las comunidades autónomas tienen potestad para legislar sobre esta materia incrementando, pero no reduciendo, ese porcentaje del 25%.El Gobierno regional de Madrid se encuentra precisamente tramitando su proyecto de ley de suelo regional y en él ha establecido que esa reserva ascienda al 50% de los nuevos desarrollos en contra de la opinión de todos los promotores. Las empresas denuncian que esta medida encarece la vivienda libre.
Cesión municipal. Los promotores piden su recorte y los alcaldes, una subida
Como tercer gran pilar de la ley estatal, ésta deberá establecer el porcentaje de cesión de aprovechamiento obligatoria que deben realizar los promotores a los ayuntamientos cuando realizan un proyecto. Esos terrenos que obtienen los municipios a través de esas cesiones son los que en teoría deben destinar a vivienda protegida y otras dotaciones públicas, pero en la práctica se han dado casos incluso en los que se han vuelto a vender mediante subasta para obtener más recursos.En la ley vigente, la cesión es del 10% con posibilidad de que de nuevo sean las regiones quienes fijen otros porcentajes, en esta ocasión siempre inferiores, nunca superiores, algo que en la práctica las comunidades han dejado en el 10% casi por unanimidad.En el texto que se ultima estos días aún no está claro si el Ministerio se hará eco de la petición realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) de aumentar el porcentaje al 15%, o por el contrario, accederá a los deseos de los promotores de reducirlo a la mínima expresión. Todo apunta a que se establecerá una horquilla del 10% al 15%.