Leyes y normas
No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen '. Nuestros Gobiernos no parecen seguir este lúcido consejo que Don Quijote daba a Sancho Panza tras ser nombrado gobernador de la Ínsula Barataria. En España se legisla mucho. Lo hacen los Gobiernos supuestamente liberales y también los supuestamente más favorables a la intervención. Y sin entrar en la calidad de las normas, que es variada, el grado de cumplimiento de las mismas no es muy alto. El incumplimiento de las normas no recibe siempre censura social, forma parte de nuestro sistema de valores como sociedad. Es curioso, en cambio, que se percibe una gran demanda de nuevas normas y regulaciones. La mantienen los que no se paran a censurar el cumplimiento relativamente bajo de muchas de las leyes vigentes.
Un bajo grado de cumplimiento de las normas y contratos tiene consecuencias económicas muy importantes. Crea un estado de inseguridad jurídica que aumenta la incertidumbre y restringe la actividad empresarial, siendo especialmente gravoso para las empresas más innovadoras y para los empresarios más emprendedores. Es éste uno de los factores más limitativos para el despegue de los países subdesarrollados. Pero también en los desarrollados hay diferencias apreciables y España está en el pelotón de cola entre los países de la OCDE.
Puede comprobarse que cuando se regula algún aspecto de la actividad empresarial, el grado en que los empresarios perciben esa regulación como un obstáculo depende más del estado general de seguridad jurídica que del propio contenido de la regulación. Efectivamente, para explicar las diferencias en cómo los empresarios de cada país perciben lo limitativo que resultan para su actividad las regulaciones sobre una serie de aspectos, no basta considerar las diferencias del contenido de esas regulaciones, sino que es fundamental introducir las diferencias de país a país en el cumplimiento de leyes y contratos.
Por otra parte, incluso dentro de los países de la OCDE, la intensidad del fenómeno de economía informal o sumergida depende no sólo de la medida en que los empresarios perciben que los impuestos son una limitación al rendimiento de la inversión y del esfuerzo personal, sino, fundamentalmente, del grado de seguridad jurídica presente en cada país. Concretamente, España, Portugal, Italia y Grecia, que son los países con mayor peso de economía informal de la OCDE, tienen sumergido un porcentaje de su PNB mucho mayor del que correspondería por la percepción negativa de los impuestos. En esos países es el relativamente bajo cumplimiento de las leyes y contratos, y el clima de incertidumbre que crea, el que explica el gusto por lo informal.
Es sabido que España tiene un nivel relativamente bajo de la productividad, y que esta experimenta, además, un muy reducido crecimiento. Pues bien, ese problema tiene más que ver con el bajo grado de absorción de nuevas tecnologías que con la escasez de actividades en I+D, que son importantes como reflejo del bajo pulso innovador, pero que directamente afectan sólo a una parte del aparato productivo. Y resulta que España ocupa un puesto muy bajo (el 52) en el ranking sobre absorción de tecnologías en las empresas realizado por el Informe sobre Competitividad del World Economic Forum. Curiosamente, la distribución entre los países de esa variable tiene una correlación alta con las diferencias en la seguridad jurídica (del 0,83 y 0,75, según dos medidas diferentes del índice de seguridad jurídica), significativamente superior a la correlación con el tamaño de sector de I+D (medido por el número de ingenieros y científicos dedicados a esas tareas), que es de 0,54.
Hay muchas leyes que afectan a la actividad empresarial que no se cumplen (fomento del empleo de los discapacitados, restricciones medioambientales, etcétera) y otras que no se utilizan pese a los efectos positivos que tendría para la empresa (como la ley contra la morosidad). Alguien, el Parlamento supongo, debería hace un seguimiento del cumplimiento de leyes y reglamentos y promover un debate al respecto.
El bajo cumplimiento está ligado al mal funcionamiento de la justicia: el 81% de los empresarios españoles piensa que la lentitud de la justicia es un obstáculo grave que produce una sensación de inseguridad e indefensión. Pero, como he mencionado, forma parte, además, de nuestros valores. Contribuiría a superar esa traba el cumplimiento escrupuloso de las normas por parte de las distintas Administraciones y mayor rigor y contención al legislar. Don Quijote no tiene razón en que una 'pragmática' no cumplida es como si no existiera. No, es peor que si no existiera, porque ahonda la cultura del incumplimiento.