La Fiscalía de Bolivia entra en la sede de Repsol para detener a dos directivos
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha declarado hoy que el Gobierno español tiene "plena confianza" en las autoridades bolivianas, aunque desde Moncloa se siguen los acontecimientos "con preocupación". De momento, los directivos buscados se encuentran en paradero desconocido, aunque su compañía ha anunciado que permanecerán en el país hasta que se aclare el asunto, pero que no se presentarán hasta que "la situación esté absolutamente clara".
El secretario de Estado español para Asuntos Exteriores, Bernardino León, ha afirmado esta noche, desde Lima, que el incidente de la irrupción de policías bolivianos en la sede de Repsol YPF para detener a dos ejecutivos de la filial "es una enorme preocupación para España" y ha calificado la actuación como "injusta". Las autoridades bolivianas acusan a los dos directivos, que según la firma para la que trabajan se encuentran en el país, de contrabando de petróleo, algo que Repsol se ha apresurado a desmentir. Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige Moratinos ha solicitado al embajador español en Bolivia que aclare la situación.
El secretario de Estado ha confiado en que "se pueda encontrar una solución y evite este halo de una actuación irregular por parte de Repsol, que no nos parece justa". El secretario de Estado ha recalcado, además, que "Repsol realiza una gran labor en Bolivia, está comprometida con el presente y futuro del país y dispuesta a reforzar sus compromisos" en esta nación andina.
La medida, ejecutada por tres fiscales y una veintena de policías, se produjo horas después de que la firma hispano-argentina anunciara en un comunicado que el juez Zenón Rodríguez, del Tribunal Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, había suspendido la investigación.
Este mismo magistrado cambió de parecer esta mañana y, al no presentarse a declarar el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, los ejecutivos citados para este jueves, dictó una orden de allanamiento de morada para detenerlos y trasladarlos a dependencias judiciales.
Preocupación del Gobierno español
El Gobierno español ya ha mostrado su preocupación sobre el asunto. Así, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha declarado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo español tiene "plena confianza" en que Bolivia resuelva la situación de tensión con Repsol YPF, "respetando la seguridad jurídica y la legalidad internacional". A pesar de todo, De la Vega aseguró que el Ejecutivo sigue los acontecimientos "con preocupación".
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, por su parte, se puso ayer en contacto con el embajador de España en Bolivia, Juan Francisco Montalbán, para pedirle que realice las gestiones necesarias conducentes a aclarar la situacin de los dos principales ejecutivos de Andina, Julio Gavito y Pedro Sánchez. Según las informaciones que maneja Exteriores, ambos directivos "no estarían detenidos", aunque la situación es confusa.
El fiscal Ángel Álvarez, uno de los tres que lleva el caso, también ha declarado a los periodistas tras salir de la sede de Andina que no habían encontrado a ninguna de las personas que estaban buscando. Consultado sobre la posibilidad de que los ejecutivos hayan abandonado el país, Álvarez indicó que la fiscalía va a investigar su paradero y aseguró que "va a continuar con el procedimiento".
El abogado de Andina Abel Montaño dijo, por su parte, que la actuación del Ministerio Público había sido "completamente ilegal". Sin embargo, la compañía para la que trabajan ambos directivos se ha apresurado a hacer público el paradero de los mismos. Tanto Julio Gavito como Pedro Sánchez permanecen en el país hasta que "se aclare la situación". Ambos "se encuentran en Santa Cruz" y se presentarán cuando "la situación esté absolutamente clara", agregaron.
La filial boliviana de la multinacional considera que "las supuestas órdenes de aprehensión" contra los ejecutivos, "en caso de existir, son inválidas y carecen de sustento jurídico debido a que los fiscales se encuentran inhibidos para dictar una medida de esa naturaleza en el proceso en trámite".
Acusados de contrabando de carburantes
A pesar de las últimas tensiones que el Gobierno boliviano y la petrolera hispano-argentina han mantenido durante los pasados meses, incluida orden de busca y captura contra ejecutivos de la firma, la calma parecía estar a punto de volver. La semana pasada, el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, mantuvieron una reunión en la que la petrolera se comprometía a doblar las inversiones en el país y renegociar "en la línea del Gobierno" los contratos de explotación de acuerdo con la nueva Ley de Hidrocarburos.
Reunión con Morales
El encuentro con Morales, que Brufau calificó de "interesante, franco y positivo", se produjo después de las tensiones registradas el pasado fin de semana debido a una orden de detención, emitida por un fiscal, contra el representante en Bolivia de la petrolera española, Julio Gavito, a raíz de su incomparecencia ante un juez que tramita un proceso por presunto delito de contrabando de carburantes. La orden quedó en suspenso tras las gestiones del embajador Francisco Montalbán ante las autoridades gubernamentales. Casualmente, el Fiscal General, Pedro Gareca, presentó el jueves renuncia irrevocable al cargo "por razones personales y de salud".
En la reunión con el presidente Morales también se trató el proceso judicial contra Andina, empresa de la que Repsol YPF es accionista mayoritario, a instancias de la Aduana boliviana bajo sospecha de presunto delito de contrabando de carburantes.