Tareas para el gobernador
La carrera del señor Fernández Ordóñez como alto funcionario ha dado un paso definitivo con su incorporación al Consejo del Banco de España y su presentación, por varios medios de comunicación, como gobernador de la institución. Su experiencia en los ministerios de Planificación del Desarrollo, Hacienda y Economía y Hacienda, su paso por el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, su estancia en organismos económicos internacionales (OCDE y FMI), en el Congreso de Diputados, en entidades financieras y empresa privada, le otorgan un bagaje utilísimo para su nueva función.
Desde que la emisión de moneda y la política monetaria se concentró en el Banco Central Europeo (BCE) pareció como si la pérdida de esas palancas cruciales de política monetaria dejaran desvalido al Banco de España. En este ámbito su función se limita a la ejecución de una política en cuya elaboración participa, pero tiene todas las demás funciones de ordenación de bancos y cajas de ahorros, inspección y sanción, autorización de nuevas entidades, registro de altos cargos, cámara de compensación, banco del Gobierno, banco de bancos, Central de Riesgos, Central de Balances y muchas otras en las que no es la menor la de asesor del Gobierno y el Congreso.
En el momento actual, sin mengua del relieve de las demás funciones, la última tarea es de importancia crucial gracias a la independencia de su gobernador y del peso que tienen las sugerencias que apunta. El señor Fernández Ordóñez mostró, especialmente en su paso por el Tribunal de Defensa de la Competencia, su visión de ésta como -tal como dice el reglamento que regula la ley que la defiende- el bien común. Sobre la competencia escribió también un libro monográfico. La competencia, como la libertad y muchos otros valores, está siempre amenazada por quienes esperan obtener ventajas en cuestionarla, de modo que hay que defenderla de los intentos continuos de restringirla y de los cantos de sirena a los que muchos políticos son demasiado sensibles.
La autoridad de un responsable del Banco de España independiente puede ejercer un magisterio que ofrezca terreno fértil al esfuerzo, la innovación y la eficiencia
La trayectoria de la economía española es mejor que la de la UE, pero tiene puntos débiles. El diferencial negativo de inflación que, junto a un lento crecimiento de la productividad, deteriora el déficit externo, el ritmo de endeudamiento de las familias y empresas, el ritmo de crecimiento del gasto público que excede al del PIB y contribuye a aumentar el IPC, el precio de la vivienda y otros factores requieren ajustes más enérgicos que los que se producen. Sin ellos, un aumento adicional en el coste del crédito o del petróleo y gas importados puede reducir el nivel de actividad y aumentar el desempleo. Si se considera que una parte importante del crecimiento y la ocupación se deben a la inmigración, un cambio de tendencia implicaría una enérgica presión sobre el gasto público cuestionando el actual equilibrio presupuestario.
La regulación que reduce el número de horas laborales, las presiones para que aumenten las certificaciones y obligaciones de cumplimiento que comportan costes para las empresas, la obligatoriedad de asignar funciones en las empresas sin consideraciones a los imperativos del mercado o al mérito relevante para las mismas, además de restringir la libertad de empresa cuestionan la eficiencia que es cada vez más necesaria en una economía abierta. Sobre estos aspectos, la autoridad de un gobernador independiente, que fundamenta su sensibilidad social en favorecer el entorno que permite sostenerla, tiene la posibilidad de ejercer un magisterio que disuelva creencias sin base real y, alternativamente, ofrezca un terreno fértil al esfuerzo, la innovación y la eficiencia. La voz y el razonamiento de Luis Ángel Rojo fueron, en su momento, beneficiosos.
Una de las gratas ventajas competitivas que se han producido en España en lo que va de siglo es la financiera. La afortunada conjunción de dura competencia entre entidades y la solidez del sistema de seguridad jurídica preventivo (combinación de fe pública y registro de derechos) han hecho que el coste del crédito sea más barato que en otros países de la Unión Monetaria Europea. Es así gracias a que, aun siendo el euribor igual para todos los países, el diferencial añadido es mejor por la solidez que da la posibilidad de ejecutar garantías.
El mantenimiento de un sistema crediticio altamente competitivo, capaz de competir en el exterior gracias a su eficiencia y que obtiene beneficios con márgenes estrechos, requiere una supervisión afinada que es la aportación propia de la autoridad reguladora y que completa su aportación al bienestar colectivo. Tampoco esto es novedad para el señor Fernández Ordóñez que, en un contexto radicalmente distinto, hace 22 años ya escribió sobre eso.