El Ejecutivo reforma el mercado eléctrico para atajar el déficit de tarifa
El Gobierno decidió el viernes aprobar una nueva regulación en el mercado mayorista de electricidad con el fin de atajar el déficit de tarifa que se genera en el sector y reducir el poder de mercado de los operadores dominantes. El nuevo decreto ley introducirá reformas en el mercado mayorista de electricidad: modifica el régimen de casación e incluye una nueva consideración del valor de los derechos de emisión.
Lo avanzó el viernes el ministro de Industria, José Montilla, en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros, donde concretó que esta reforma modifica el mecanismo de casación de las ofertas de venta y adquisición de energía presentadas simultáneamente en el mercado mayorista eléctrico (pool) por empresas del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo empresarial. Con esta medida, el Ejecutivo espera reducir el volumen de operaciones en el mercado diario hasta en un 85% y, de esta manera, controlar el desfase entre los costes en que incurren las empresas y su remuneración vía tarifaria.
El ministro recordó que el año pasado el déficit alcanzó los 3.422 millones de euros, a falta de la liquidación definitiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE). El hecho de que el Gobierno haya tenido que reconocer a las eléctricas su derecho recuperar este montante 'obligó a incrementar las tarifas en el último Consejo de Ministros de 2005 en un 4,48%, y a que haya una subida adicional en julio de 2006'. El déficit será compensado en 10 años, 'como también hizo el anterior Ejecutivo'.
A pesar de esta medida, constató que, en las primeras semanas de este año, el déficit tarifario ya acumula una importante subida. 'Hay analistas que estiman que si el déficit sigue los mismo parámetros que en estos primeros meses se podrían superar los 5.000 millones' con lo que 'las tarifas podrían aumentar un 30%'.
Montilla indicó que este déficit es consecuencia de las características del mercado de generación, donde se compra y se vende 'prácticamente toda la energía', que 'no pasa en el resto de países europeos, donde hay un mercado a plazo y existen los contratos bilaterales'.
El ministro insistió en que este incremento del déficit no se corresponde con factores objetivos, como el coste de materias primas. 'En ningún caso se pueden justificar estos aumento tan importante de los precios'. Montilla recordó que su departamento ha encargado a la CNE una investigación de las causas del déficit, ante 'la importancia que puede tener para los consumidores' un alza de las tarifas.
El decreto ley contempla que las empresas de distribución y generación del mismo grupo empresarial estarán obligadas a establecer entre sí contratos bilaterales de compra de energía producida por instalaciones del régimen ordinario, para evitar de esta forma que las operaciones dentro del mismo conglomerado distorsionen el mercado. El precio de estos contratos podrá fijarse libremente salvo para este en el que, de forma provisional, la CNE sólo considerará a efectos de la liquidación el precio de tarifa (42,35 euros por megavatio/hora).
La otra gran medida adoptada es el descuento en el déficit generado del valor de los derechos de emisión de CO2 que el Gobierno ha asignado de forma gratuita a las empresa. Según sus cálculos, los 78 millones de derechos distribuidos para este año tendrán un valor de entre 1.400 y 1.800 millones de euros, cantidad que podría dedicarse a reducir el déficit de tarifa que se generara en el actual ejercicio.
Recibo de la luz
El impacto del déficit de tarifa en el recibo de la luz, si no se diluyera a 10 años, hubiera supuesto incrementos del 21,8% para 2005. Las previsiones para 2006 apuntan a un déficit superior a 5.000 millones, lo que podría suponer un alza del recibo, en caso de que no se difiera a 10 años, del 35,6%.
Traspuestas las directivas europeas
El Ejecutivo se propone eliminar las tarifas gasistas y eléctricas en 2008 y 2011, respectivamente, y sustituirlas por tarifas refugio o de último recurso, a las que podrán acceder los consumidores domésticos y algunas pymes. Estas medidas, que modifican la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos, están contempladas en sendos anteproyectos de ley que analizó el Consejo de Ministros y que trasponen las Directivas comunitarias en esta materia que todavía no había adaptado España y que había sido objeto de una severa recriminación por parte de Bruselas.El ministro de Industria, José Montilla, aseguró el viernes que las medidas aprobadas suponen una reforma 'de calado' en el sistema energético hacia la homologación plena con Europa, así como un importante impulso hacia la creación de un mercado europeo interno de la energía.Las nuevas normas obligan también a separación jurídica y funcional de los gestores de redes y de distribución de las actividades de suministros y comercialización. Asimismo, se limita al 1% la presencia de gasistas en Enagás y al 3% la participación máxima de otros accionistas y se crean unidades específicas de gestión del sistema en tanto en Enagás como en Red Eléctrica.