Deuda pública

El Gobierno da a las regiones más facilidades para pactar su déficit

La coyuntura económica, el nivel de competencias, el endeudamiento y el déficit de infraestructuras serán, entre otros, los criterios que podrán manejar las comunidades en la negociación bilateral con el Gobierno de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

La transacción que añade estos criterios fue vetada ayer por el PP en el Congreso, pues al tener la reforma de la Ley de Estabilidad carácter orgánica se requería para incorporar enmiendas en el pleno la unanimidad de todos los grupos. No obstante, será introducida por el PSOE en el Senado en breve, como una concesión a Convergencia i Unió, formación que había quedado marginada en un principio de la negociación de esta reforma abordada por el Gobierno con Esquerra Republicana e Izquierda Unida.

La iniciativa pone en manos de las comunidades criterios concretos para negociar dentro del Consejo de Política Fiscal los objetivos de déficit de una forma más flexible, atendiendo a un amplio abanico de indicadores. La enmienda socialista establece que esta negociación se llevará a cabo en el plazo común de un mes a contar desde la aprobación por el Gobierno de los objetivos de estabilidad.

En otra enmienda que también ha sido pactada por el Gobierno con CiU y será incluida en la Cámara Alta se compromete también a las comunidades a velar por la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria.

La ley permite un déficit del 1% del PIB en las administraciones públicas cuando en los momentos bajos del ciclo la economía crezca por debajo del 2%, además de un déficit adicional del 0,5% para financiar inversiones productivas. A juicio del portavoz socialista de Presupuestos, Pedro Saura, la reforma aprobada ayer por el Congreso con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, aporta más racionalidad y rigor a las cuentas públicas, en la dirección que alienta la UE y la descentralización del Estado. La portavoz de Presupuestos del PP, Elvira Rodríguez, justificó su rechazo porque, en su opinión, le ley añade opacidad y grandes dosis de subjetividad que hacen peligrar el objetivo global de estabilidad presupuestaria.

CiU apoyó la reforma porque, según su portavoz, Josep Sánchez Llibre, la ley que elaboró en su día el Gobierno de José María Aznar atenta contra de la autonomía financiera de las comunidades e invade sus competencias.

Los nacionalistas resaltan el marco bilateral

El nivel de endeudamiento pasará a ser uno de los criterios que podrán exponer al Gobierno las distintas comunidades para modular sus objetivos de estabilidad. En términos absolutos, el endeudamiento total de las 17 comunidades ronda los 54.000 millones de euros, a fecha de septiembre pasado.

Cataluña es, con diferencia, la comunidad más endeudada, con 13.000 millones, seguida de la comunidad valenciana, con 9.500, la de Madrid, con una cifra similar, y la de Andalucía, con 7.700.

Convergencia i Unió concedió ayer más importancia al marco de bilateralidad que incorpora la enmienda pactada con el PSOE que a los indicadores económicos concretos sobre los que podrá descansar la negociación con el Gobierno sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria.