El sector constructor reclama bloquear la reforma contable

Los grupos de construcción y de infraestructuras han unido fuerzas para promover un cambio en las nuevas normas contables. Tal como están fijadas llevarán a pérdidas a las actuales concesiones de autopistas. Ante la grave situación que se plantea, las grandes empresas han iniciado contactos de alto nivel para pedir al Gobierno que paralice en la UE la aplicación del nuevo esquema. El Ministerio de Fomento se ha comprometido a respaldarlas.

Las constructoras arrastran un serio problema contable desde que se aprobaron las normas que entraron en vigor el año pasado. Pero no han visto las orejas al lobo hasta ahora, cuando ven próximo que los criterios que faltan por concretar para las concesiones administrativas se pueden aprobar de la forma que más perjudica a este negocio. Por este motivo, después de más de un año de intentos y reclamaciones a través de patronales al comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, y a varios grupos del Parlamento Europeo, las grandes empresas han decidido unir fuerzas para implicar al Gobierno invocando el perjuicio que supondrá para el interés económico nacional.

Quieren que el Ejecutivo utilice su posición en Bruselas para derogar la norma sobre concesiones, que también afecta, aunque en menor medida, a los grupos franceses e italianos. Argumentarán su demanda ante el Ministerio de Economía, el competente en esta área. Recientemente, han mantenido un encuentro con representantes del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), dependiente de Economía.

Si las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC) se aplican como están, los gastos financieros tendrán que contabilizarse de golpe en los primeros años tras conseguir las adjudicaciones y no a lo largo de toda la vida de la concesión (normalmente 25 años o más), como hasta ahora. Se obliga además a amortizar la inversión también de una vez y se cambia el efecto del fondo de reversión.

Las empresas reclaman que se derogue la norma contable para las concesiones, que ya representan hasta un 40% del beneficio operativo

Esto penaliza a los grupos que han apostado por las compras de concesiones de autopistas nuevas, como Ferrovial (a través de su filial de autopistas, Cintra, de las más afectadas) y Sacyr Vallehermoso (a través de su división Itinere). Abertis, la primera concesionaria de infraestructuras española -que era la menos afectada porque tiene autopistas maduras con menos gastos financieros pendientes-, ahora también sufrirá el impacto por la adquisición con otros socios de la tercera concesionaria francesa, Sanef, por 5.000 millones de euros.

Tampoco se libra el resto de grandes grupos constructores y de servicios, dueños de concesiones de autopistas más o menos maduras, como han explicado las constructoras desde comienzos de año en diferentes foros. Este negocio ha ganado un peso creciente en los últimos años como consecuencia de la diversificación. Y hasta tal punto que en las seis grandes (ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr Vallehermoso y OHL) supone entre el 24% y el 40% del beneficio bruto de explotación pese a que en ingresos no suele superar el 20%. A esto se une la creciente expansión internacional en este terreno que se constata por el dominio de las empresas españolas en concesiones de Latinoamérica, además de la compra en curso de Abertis en Francia o la reciente adjudicación a Cintra de la segunda autopista que privatiza EE UU.

Esto explica la preocupación de las empresas por el cambio contable. Por ello, piden eliminar los puntos de las NIC que afectan a esta actividad y restaurar las normas del plan contable español.

Impacto en la balanza de pagos

Las compañías argumentan que el perjuicio no es sólo empresarial ya que también tiene implicaciones para la economía nacional. La balanza de pagos dejaría de recibir los dividendos repatriados por los grupos españoles -que copan los primeros puestos en este negocio a nivel mundial- en las concesiones en Latinoamérica, en Europa y también ahora en EE UU. Citan, además, el impacto económico y en el empleo si se para la actividad de concesiones, un modelo que los grupos españoles han exportado a otros países. Como dato, Chile, aplica la norma contable española.

Esta argumentación es la que están transmitiendo los altos directivos de las grandes compañías a la Administración. Aunque el verdadero paso cualitativo lo lograron el jueves pasado, cuando la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se comprometió ante varios ejecutivos del sector tras una conferencia del Club Siglo XXI a estudiar su propuesta cuando se la envíen argumentada.

El precedente del lobby francés en banca

'Pérdidas desproporcionadas' en los primeros años de la concesión adjudicada y beneficios 'exorbitantes' al final. Es el efecto que producirá el cambio contable en el negocio de las concesiones. Será un impacto meramente contable, ya que el valor de los activos permanece invariable.Pero no por eso deja de ser menos importante porque las cuentas y el balance de las compañías presentarán 'una foto fija errónea' de cada empresa, con pérdidas que no existen, coinciden en explicar los directivos del sector. Con esta radiografía, la banca puede poner trabas a financiar proyectos en pérdidas contables, apunta un ejecutivo. Y, con ello, se pone en riesgo el pilar sobre el que se basa ahora el negocio de concesiones porque las empresas adjudicatarias lo financian con préstamos bancarios avalados casi íntegramente por la propia infraestructura (project finance), sin cargo al grupo.Aunque las normas contables entraron en vigor el año pasado para los resultados consolidados. Los grupos constructores y de servicios han contabilizado las concesiones según el peor escenario posible, a la espera de un cambio. Pero el efecto se verá en los resultados individuales, que no tienen los criterios aún fijados.Ahora, es prioridad absoluta parar en la UE la aplicación de un esquema que siga el espíritu de la nueva norma, de corte anglosajón. Varios ejecutivos del sector recuerdan que hay un precedente: la presión de la banca dio sus frutos en Francia y Jacques Chirac consiguió frenar la entrada en vigor de varios normas que perjudicaban a este sector, entre ellas las de valoración de activos a precio de mercado (fair value). Las esperanzas están puestas en los cambios en el ámbito comunitario.