Gobierno y CiU reabren algunos capítulos del acuerdo estatutario
La rapidez con la que el Gobierno y CiU cerraron el pasado enero el preacuerdo sobre el Estatuto catalán está obligando a ambos a cruzarse propuestas sobre algunos de los principales capítulos pendientes de negociación para trasladar sus decisiones a la ponencia constituida el lunes.
El tiempo que Esquerra Republicana ha pedido al Gobierno para poder gestionar entre sus bases su posible incorporación al preacuerdo suscrito con CiU va a condicionar también el trabajo de la ponencia, teniendo en cuenta que hay capítulos pendientes de cerrar sobre los que continúan las conversaciones entre las partes implicadas y otros que se han reabierto por la resistencia, precisamente, de los republicanos a sumarse al acuerdo. Fuentes nacionalistas informaron ayer que la negociación en la ponencia se centrará en un centenar de artículos relativos a capítulos de gran importancia como es el caso del funcionamiento de los órganos de Justicia en Cataluña, las competencias sobre horarios comerciales, la gestión de las grandes infraestructuras del transporte o la organización de las cajas de ahorro.
Antes de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, sellaran su acuerdo político en La Moncloa, las fuerzas involucradas en la negociación del Estatuto pactaron el marco general de la regulación de las cajas y renunciaron a supervisar con carácter de exclusividad el proceso de emisión y distribución de las cuotas participativas. El Gobierno y CiU habían escudriñado a fondo, antes de la última reunión multilateral celebrada en Madrid, este capítulo del Estatuto. El pacto con CiU e Iniciativa per Cataluña a este respecto se mantiene, pero ahora ERC aspira a que el Estatuto distinga entre la organización de las cajas como competencia exclusiva de la Generalitat y la actividad financiera como competencia compartida. Los republicanos consideran que el Gobierno ha introducido en la última redacción aspectos que contravienen 'el acuerdo adoptado junto a los demás partidos catalanes' el pasado enero.
En la propuesta de Estatuto llegada originalmente de Cataluña, la Generalitat se reservaba como competencia exclusiva la supervisión del proceso de emisión y distribución de las cuotas participativas de estas entidades de crédito. En el texto pactado primero entre el Gobierno y CiU, aceptado posteriormente por el tripartito catalán, se suprimió esta competencia, aunque se admite el derecho de la Generalitat a efectuar el seguimiento del proceso de emisión y distribución de estas cuotas, 'teniendo en cuenta que las competencias sobre los aspectos relativos al régimen de ofertas públicas de venta o suscripción de valores y admisión a negociación, a la estabilidad financiera y a la solvencia corresponden, en exclusiva, al Estado'.
Cajas, puertos y aeropuertos, pendientes de las exigencias de ERC
El Gobierno también mantiene en su pacto con CiU e Iniciativa el compromiso de incorporar al Estatuto amplias competencias exclusivas sobre los puertos y aeropuertos situados en la comunidad catalana, que abarcan desde la gestión del régimen jurídico de estas infraestructuras a la supervisión económica, incluido el establecimiento de tarifas y tributos, así como su recaudación. No obstante, Esquerra Republicana insiste en que sigue sin haber acuerdo sobre la configuración del futuro consorcio que deberá gestionar el aeropuerto de Barcelona y los puertos de esta misma ciudad y de Tarragona, a pesar de que en la última reunión multilateral no presentó batalla en este terreno. Su secretario general, Joan Puigcercós, ha dado ahora tanta importancia a esta cuestión como al modelo de financiación, lo que está obligando a CiU a reconsiderar también sus criterios.
Compensaciones a AENA
Los republicanos rechazan que algunos acuerdos relacionados con la gestión de estas grandes infraestructuras estén fuera del ámbito del consorcio y tampoco con que éste tenga que compensar a AENA con un canon periódico que se destinaría a la caja general del sistema aeroportuario estatal.
También están pendientes de encajar en la ponencia constituida en el Congreso las competencias que demanda la Generalitat sobre la red viaria situada en Cataluña cuya titularidad corresponde al Estado y que ERC aspira a que se supervise mediante fórmulas de colaboración.
El Gobierno tampoco acepta la competencia compartida de la Generalitat en materia de comunicaciones electrónicas y, en otro ámbito diferente como es el del notariado, ha suprimido las competencias de la Generalitat sobre inspección, régimen disciplinario y establecimiento de las especialidades arancelarias.
Las reservas de ERC sobre el modelo de financiación
Esquerra Republicana tiene ya asumido que carece de margen para retocar el esqueleto del modelo de financiación pactado entre el Gobierno y CiU y ha puesto su mirada sobre otros objetivos, aunque ha hecho llegar al PSOE un documento en el que detalla sus reservas.La primera es que el Estatuto introduce la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) como principio rector, por lo que considera que desaparece la bilateralidad que justifica el papel de la comisión mixta Estado-Generalitat y el apartado de aplicación preferente del Estatuto sobre la legislación estatal.Esquerra considera también que, en su actual redacción, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU suprime la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos soportados en Cataluña ya que establece la distinción entre tributos cedidos totalmente, sobre los cuales sí se cede esta capacidad, y los cedidos parcialmente, 'sobre los que no queda garantizada ni la capacidad normativa ni la gestión'.Los republicanos consideran, además, que en la regulación que hace el Estatuto de la futura agencia tributaria de Cataluña no queda garantizada debidamente la gestión de los impuestos de titularidad estatal.Otra pega que pone ERC al acuerdo alcanzado por CiU con el Gobierno se basa en la participación de Cataluña en los rendimientos de los tributos estatales, ya que entiende que no se diferencia entre la aportación a la solidaridad y el gasto del Estado. El cálculo de recursos, argumenta ERC, se aplica según las necesidades de financiación y capacidad fiscal de las comunidades que fija el Estado y no a través de la negociación bilateral con la Generalitat.