Fungairiño, al Tribunal Supremo
El pasado miércoles por la tarde se supo que Eduardo Fungairiño había dimitido de su puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, según dijo él mismo a los periodistas, por razones estrictamente personales, sin que existieran discrepancias con su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien le había ofrecido un destino en el Tribunal Supremo, así como ser el delegado de la Fiscalía General para asuntos de terrorismo. Enseguida trascendió que el traslado se debía a 'pérdida de confianza' y cundieron las interpretaciones inducidas por el Partido Popular y sus órganos periodísticos según las cuales se trataba de una depuración para facilitar las negociaciones con ETA.
Así las cosas, tenía toda la lógica que ayer se preguntara un buen amigo periodista, en el programa Hoy por Hoy que dirige Carles Francino en la Cadena SER, si los motivos que habían llevado al fiscal Fungairiño a dimitir además de personales eran inconfesables. Sobre todo porque el dimisionario tiene un perfil acreditado de indomable y resultaba sorprendente que aceptara ser coaccionado con la apertura de un expediente del que se salvaría con la dimisión. Dada la personalidad de Fungairiño, que ha sostenido sus criterios cuando los ha considerado indeclinables ante otros fiscales generales, que ha desafiado impasible a la banda etarra y a sus afines, que cuenta con amplio respaldo del Partido Popular, ¿por qué habría de atemorizarle ahora Conde-Pumpido?
Avanzaba la mañana de ayer y, en uno de esos desayunos que se prodigan en Madrid con pingües patrocinios, el fiscal general del Estado, preguntado al efecto, optó por explicar el caso. Así supimos que era él quien había decidido proceder al relevo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional por 'razones estrictamente profesionales' y porque 'la paciencia tiene un límite'. También indicó el procedimiento seguido mediante una comparecencia del interesado ante la cúpula de la Fiscalía General -el teniente fiscal del Supremo y la fiscal jefe de la Secretaría Técnica- para cumplir con el trámite de audiencia previsto en la ley previo a la remoción de un cargo como el que ocupaba Fungairiño.
Conde-Pumpido subrayó que la Constitución le obligaba a garantizar la unidad de actuación del ministerio público. En efecto, dice el artículo 124 de nuestra Carta Magna que el ministerio fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como el de velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción de interés social. Añade también que el ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
Ahora sabemos que la decisión del relevo ocurrió tras intentos reiterados que se vieron frustrados de que fueran observadas esas garantías. Además citó dos hechos precipitantes: el expediente abierto a un magistrado de la Audiencia Nacional y el incumplimiento por Fungairiño de las instrucciones que se le habían impartido para que comunicara las próximas excarcelaciones de terroristas del 11-M. Si esto es así, lo que carece de sentido es que el procedimiento de remoción del cargo pueda quedar interrumpido de modo que el interesado tenga la oportunidad de optar por la renuncia voluntaria con la obtención de la prebenda de un nuevo destino en el Tribunal Supremo.
Muy interesantes y valiosas las precisiones aportadas por el fiscal general del Estado, decidido a cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Constitución, pero entonces el procedimiento debería haberse consumado para penalizar los incumplimientos y carece por completo de sentido, salvo por consideraciones corporativistas, la nueva asignación al infractor. Quedamos pues a la espera de las explicaciones pendientes al público de a pie. Continuará.