La reforma fiscal ausente

La reforma tributaria presentada recientemente por el Gobierno es, en opinión del autor, objetivamente positiva. A su juicio, sin embargo, dicha reforma tiene un trasfondo de incertidumbre, que es el de las consecuencias del nuevo modelo de financiación autonómica y su impacto en la recaudación del Estado

El Gobierno ha dado a conocer su reforma fiscal basada, principalmente, en el IRPF, impuesto sobre sociedades, impuestos medioambientales, prevención del fraude y financiación autonómica y local. De momento, sólo conocemos el alcance en lo concerniente a la imposición directa y prevención del fraude.

En lo que sabemos, la reforma, objetivamente, es positiva. Reducir tipos, pretender neutralidad fiscal en las decisiones de particulares y empresas, reorientar los incentivos hacia quienes son sus verdaderos destinatarios, mejorar la tributación de las rentas del trabajo, regular mecanismos para la lucha contra el fraude y mejorar la competitividad y productividad de las empresas son objetivos que todos compartimos. Otra cosa es si conseguirán o no los efectos deseados.

Hay que decir también que el alcance de la reforma tiene un trasfondo de incertidumbre, que no es otro que las consecuencias del nuevo modelo de financiación autonómica y, en concreto, el impacto que va a tener para el Estado, en términos de recaudación, y por tanto, el margen del que se va a disponer. No es de extrañar, pues, que la reforma se califique de poco ambiciosa. No obstante, hay que esperar para valorar si ésta merece finalmente este calificativo. Sin embargo, es paradójica la falta de debate social sobre las verdaderas reformas que necesita nuestro sistema tributario o, mejor, nuestro actual Estado de derecho, sumido en una profunda crisis.

A poco que se siga la jurisprudencia, se observa que la actual conflictividad se debe a una cada vez mayor deficiencia técnica legislativa. Los operadores económicos se encuentran, por ello, inmersos en una enorme inseguridad jurídica. La falta de la debida diligencia por parte del legislador abre recovecos y vacíos normativos, frente a los que se asienta el criterio de que todo ahorro fiscal es, en principio, sospechoso de una conducta elusiva, salvo que exista una razón económica relevante que justifique los negocios que se realizan.

La independencia de los inspectores, la falta de criterios administrativos uniformes o el retraso en conocerlos, la pasividad de la Administración y la falta de sensibilidad política para corregir las normas se traduce, en definitiva, en desconfianza, tensión y, como decíamos, conflictividad. Y lo que es peor. æpermil;sta se centra, seguro, en un número muy reducido de preceptos. Por ejemplo, la ambigüedad del concepto de motivo económico válido, que ha frenado operaciones de concentración empresarial; el régimen de atribución de rentas, fuente de dudas y conflictos; el régimen de módulos, origen de fraude e interpretaciones restrictivas; la deducción por reinversión de beneficios empresariales, objeto de interpretaciones administrativas posibles pero al límite, que cercenan su efectividad; la falta de motivación de los actos administrativos o, en fin, el quebradero de cabeza de las sociedades patrimoniales.

Frente a ello, asistimos impasibles a privilegios difíciles de entender, como el régimen fiscal que permite que un extranjero residente goce de una privilegiada fiscalidad respecto a su homólogo residente de idéntico nivel de ingresos, o a que, con la venia de nuestros políticos, se intente poner coto a una utilización abusiva, aunque no generalizada, de las Simcav. Y ello sin olvidar la vulneración de la Lofca en el que algunas comunidades autónomas están incurriendo en la supresión, de hecho, del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Nuestro sistema se basa, en definitiva, en la inseguridad. El día que desaparezca se reducirá la recaudación y la conflictividad.

Ante esta situación hay que reaccionar porque está en juego la credibilidad del sistema. Y reaccionar exige adoptar verdaderas medidas de reforma. La primera, la que denomino ley de depuración del sistema tributario. La Administración, que conoce el origen de la conflictividad, y antes que un plan de prevención del fraude, ha de promover la modificación urgente de aquellos aspectos de nuestra normativa que la están propiciando. Asimismo, hay que regular, primero, que la Administración, cuando constate cualquier deficiencia, que no fraude, inste, y no sancione, la rectificación de la norma que corresponda. En segundo lugar, que la Administración haga públicas sus instrucciones internas, en orden a la aplicación de las normas tributarias. Y, en tercer lugar, que se unifiquen los criterios, al menos en actuaciones masivas o sectoriales. ¿Qué menos se puede pedir de una Administración ejemplar y eficiente?

La segunda norma es la que denomino de responsabilidad pública. Al igual que cualquier operador, hay que regular la responsabilidad directa del funcionario, en sede administrativa; responsabilidad hoy que, bajo el manto del Estado, no es efectiva. Y no se me entienda mal. Creo en la honestidad, honradez y profesionalidad de los funcionarios. Ello no es óbice para que exista una norma coercitiva y disuasoria de determinadas conductas.

La tercera, que denomino la de confianza del ciudadano. Hay que reformar nuestro ordenamiento para que, en los casos que se estimen las reclamaciones de los ciudadanos se les resarza automáticamente de los perjuicios ocasionados, económicos o no, condenando en costas a la Administración. Y hay que introducir también, en sede tributaria, el silencio administrativo positivo.

Y la cuarta y última, la más importante, la de control y transparencia del gasto. Hay que regular mecanismos de control y transparencia del gasto con la finalidad de que éste se gestione de forma eficaz y eficiente. Hay que exigir al sector público idéntico rigor que al privado y, por tanto, auditar, con criterios de eficiencia, para que se gestionen, con el menor coste, los distintos servicios públicos. æpermil;sta, y no otra, es la principal vía para reducir los impuestos y gozar de la confianza de los ciudadanos, recuperando la indiferencia que, lamentablemente, muchos han adoptado.

Asesor fiscal y profesor de la Universitat Pompeu Fabra

Nuestro sistema se basa en la inseguridad. El día que desaparezca se reducirá la recaudación y la conflictividad