La buenaventura
Escasean las gitanas que querían darnos el premio gordo del próximo sorteo de la Lotería Nacional, como vendedoras autorizadas, y que por añadidura se empeñaban en echarnos la buenaventura en cuanto nos veían la palma de la mano. Dicen los expertos que se han debido reciclar como asesoras de Manuel Conthe, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la redacción que por su encargo ha hecho el grupo de trabajo especial del Código Unificado de recomendaciones sobre buen gobierno de las sociedades cotizadas en Bolsa.
Nada más conocer el proyecto, las empresas del Ibex lo han considerado muy intervencionista y han subrayado excesiva la preponderancia que otorga a los consejeros independientes. En definitiva, se trata de 74 recomendaciones sobre la forma en que deben organizarse estas compañías para proteger los intereses de todos los accionistas con la pretensión añadida de buscar la coherencia del Código Olivencia de 1998 y del Informe Aldama de 2003.
Pero si juzgáramos a partir del reflejo que estas proposiciones han tenido en los titulares de la prensa del miércoles concluiríamos, entre otras cosas, que la CNMV intenta limitar el poder de los presidentes de las compañías; acabar con los blindajes estatutarios; imponer nuevos y más exigentes estándares para la designación de consejeros independientes; encomendar a los vicepresidentes la vigilancia de los presidentes ejecutivos; efectuar por separado las votaciones para los nombramientos y ceses de consejeros; imponer la destitución de los consejeros que sean procesados; evitar sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras; incluir más mujeres en la lista de potenciales candidatos; limitar a 15 el número de consejeros; capacitar a las partes interesadas, incluyendo los empleados y sus asociaciones representativas, para que puedan comunicar libremente sus preocupaciones relativas a comportamientos ilegales contrarios a la ética al consejo de dirección sin que sus derechos se vean comprometidos por ello, y rebajar del 25% al 5% el porcentaje de capital con el que un accionista puede pedir que la empresa desvele cualquier información incluso si va contra los intereses de la sociedad.
Las objeciones al texto se remontan a la propia composición del grupo de expertos, en el que consideran que han faltado representantes de las compañías cotizadas. Es decir, que las sociedades afectadas hubieran preferido un proceder que el notario Alberto Ballarín caricaturizaba como 'la ley de caza hecha por el conejo'. El pronunciamiento del grupo de expertos parece más bien partir del supuesto contrario. Se diría que han hecho su tarea imbuidos de la mentalidad de dueños del hipódromo, ahora que acaba de recuperarse en Madrid el de la Zarzuela, y han considerado, por el contrario, por completo improcedente que fueran los caballos quienes organizaran las carreras.
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha salido al paso de los objetores para decir que el proyecto es un punto de partida perfectible que será sometido a discusión pública durante los próximos dos meses.
Ha insistido también en que la adopción de lo que al final resulte se plantea con carácter voluntario. Claro que esa voluntariedad queda muy matizada por la obligación de incorporar al informe anual de buen gobierno del próximo ejercicio la referencia al cumplimiento o a la desatención de las recomendaciones del código y, en este segundo caso, incluir la justificación de ese proceder. O sea, que deberán enseñar la patita en público.
Parece que los trabajos ahora culminados en su primera fase se iniciaron en septiembre pasado y que se han presentado después de eliminar aquellas referencias al trato con los periodistas que, una vez filtradas, se hicieron imposibles de sostener.