La Comisión Europea, dispuesta a cambiar la directiva portuaria
El comisario de Transportes, Jacques Barrot, abrió ayer la puerta a la retirada de la directiva que prevé la liberalización de los servicios portuarios de estiba y desestiba (carga y descarga), a la espera de lo que decida hoy el Parlamento.
Me comprometo a sacar todas las consecuencias que se imponen tras el voto', declaró ayer el comisario ante el pleno de la Eurocámara, donde la mayoría de los diputados se mostraron en contra de la normativa elaborada por la española Loyola de Palacio, antigua comisaria de Transportes. Entre las escasas voces de apoyo a la iniciativa, que prevé abrir a la competencia las labores de carga y descarga y acabar con la exclusividad que tienen en la actualidad los estibadores, se escuchó la del eurodiputado popular Luis de Grandes.
'El Parlamento se enfrenta al dilema de avanzar hacia un verdadero mercado interior o bien continuar en un estado de estancamiento', explicó De Grandes, quien vaticinó que con la aplicación de la directiva se lograría aumentar la competitividad y eficacia de los puertos.
Desde las filas socialistas, la diputada Inés Ayala Sender pidió al comisario que sea 'sensible' y aborde cuanto antes todas las actuaciones necesarias para que los puertos 'sean los polos de desarrollo económico, social, tecnológico y medioambiental que Europa necesita'.
Por su parte, el comisario Barrot, tras admitir que las opiniones de los eurodiputados no fueron precisamente un 'concierto de alabanzas', reconoció que la política portuaria no puede 'reducirse' al actual texto. Barrot negó tajante que la directiva viole los derechos sociales existentes, ya que recordó que en ningún caso afecta a la legislación nacional en cuanto a las condiciones del empleo.
Y es que los intentos de liberalización de la actividad portuaria datan de varios años de historia. La Comisión Europea presentó una nueva propuesta en octubre de 2004, tras ser rechazada en 2003 la iniciativa de Loyola de Palacio. El objetivo es liberalizar la prestación de servicios portuarios a través de medidas como la llamada 'autoasistencia', práctica que permite a los armadores prestarse ellos mismos determinados servicios. CC OO y UGT creen que esta iniciativa podría costar 2.000 empleos en España, además de poner en peligro la profesionalidad y la seguridad en el sector.
Ayer se vivió la segunda jornada de paro en los puertos europeos para protestar contra la medida, aunque muchos de los estibadores volvieron al trabajo debido a que algunos paros eran de 24 horas. æpermil;se fue el caso del País Vasco y los gallegos Vigo, Vilagarcía y Marín. Sí que mantuvo la huelga Valencia y A Coruña.