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La construcción andaluza llora el cierre de canteras

La falta de regulación para las obras de Málaga pone en jaque al sector

El sector la construcción, que tira de la economía andaluza y es vital para la malagueña, corre el peligro de volver a quedar paralizado en la comunidad si, como auguran los fabricantes de áridos, se extiende el cierre judicial de canteras tras la clausura de cuatro de estas explotaciones en Alhaurín de la Torre, en Málaga, por falta de licencia municipal de extracción. De momento, este conflicto concreto y sus graves secuelas se han atajado con un acuerdo que permitirá reabrir las minas para eliminarlas dentro de siete años, pero la falta de regulación amenaza a todos los fabricantes.

El pacto de Alhaurín llega después de que la crisis hubiera paralizado por completo las obras de toda la provincia de Málaga por la huelga general del sector, convocada la semana pasada por CC OO, y también por la falta de materiales derivada del paro indefinido que han mantenido durante más de un mes los 200 trabajadores de las siete canteras de la localidad en protesta por el cierre de las cuatro minas. Sin áridos no se puede hacer hormigón y sin hormigón no hay obras. Esta localidad suministra más del 80% de todos los áridos que consume el sector constructor de Málaga, aunque ahora tiene los días contados como productor.

El coste de estos cierres ha sido abrumador. Además de obras públicas como la del AVE, unas 45.000 de las 50.000 viviendas en obras de la provincia están paradas, y el sector de la construcción en su conjunto ha perdido ya unos 600 millones de euros. Más de 1.000 trabajadores están afectados por 22 expedientes de regulación de empleo en empresas auxiliares y otros 60.000 despidos se han impedido con el acuerdo del viernes al quedar suspendidas las huelgas y retomarse hoy lunes el suministro de áridos a toda la provincia.

El detonante de esta crisis surgió a primeros de diciembre, cuando después de una década de lucha por parte de la plataforma social contraria a las canteras de Alhaurín, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó una sentencia de 2001 y decretó la clausura de cuatro yacimientos pertenecientes a Italcementi (Financiera y Minera), Sando, Retamero y Bernardo Caballero.

'Inseguridad jurídica'

La llave para desactivar esta bomba y evitar el efecto dominó que temen los fabricantes de áridos y los promotores la tiene la Junta de Andalucía (PSOE) y el Ayuntamiento de la localidad malagueña (PP), que se han resistido en un primer momento a asumir el coste político de reabrir las canteras y regular el sector, o bien el coste social del veto definitivo a esta actividad tan rentable como contaminante. Los empresarios, ajenos a las protestas de los vecinos por el manto de polvo que cubre el pueblo, denuncian la 'inseguridad jurídica' que vive el sector a pesar de que hace dos años la Junta de Andalucía se comprometió a impulsar un plan para regular el sector y minimizar su impacto medioambiental.

Este plan especial todavía sigue pendiente, lo que pone en peligro a la totalidad del sector dado el antecedente de los cierres judiciales de Alhaurín, según asegura la Asociación de Fabricantes de Áridos de Andalucía (AFA). De hecho, Medio Ambiente acaba de anunciar la apertura de un expediente sancionador contra una cantera situada en el término malagueño de Igualeja por perjudicar el Parque Natural Sierra de las Nieves. Como medida cautelar se ha paralizado la mayor parte de la actividad.

En el momento de estallar la crisis de Alhaurín, ambas administraciones trasladaron a la otra la patata caliente: la Junta decía que era el Ayuntamiento quién debía dar la licencia y éste se negaba a otorgarla sin la cobertura legal de un plan autonómico que regule el sector. Sin embargo, tanto el Gobierno andaluz como el consistorio, además de empresarios y sindicatos, han logrado cerrar un acuerdo presionados por los demoledores efectos económicos del cierre y de las huelgas en cadena. La Junta se ha comprometido a impulsar definitivamente un plan que garantice esta actividad en toda región, además de buscar un futuro emplazamiento a las empresas extractoras del municipio. El pacto que pone fecha al fin de la actividad de las canteras incluye un plan de restauración y reforestación de la zona que deberá ser sufragado por las empresas con 20 millones de euros.

Las empresas extractivas de Alhaurín habían alegado que las canteras cuentan para su explotación con la licencia de la Sección de Minas de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y que 'su existencia ha sido desde siempre conocida, controlada y fiscalizada por la administración municipal'. Los trabajadores de estas minas han permanecido en paro indefinido acampados a las puertas del Ayuntamiento durante 46 días.

Andalucía supone el 20% del sector

Andalucía, con 400 explotaciones y 15.000 empleos, supone el 20% del sector productor nacional, según los datos de Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos (Anefa). Junto a Valencia, Cataluña y Madrid representa el 56% de la producción. En cuanto al consumo, la comunidad andaluza absorbe anualmente 88 millones de toneladas con datos de 2004, siendo Málaga la provincia que más se lleva de esta tarta, con cerca de un tercio del total. La fortaleza de la construcción regional arroja crecimientos superiores al 10% en los últimos años. Los fabricantes andaluces acumulan un volumen de negocio de más de 600 millones.