Un primer paso en la buena dirección

Las jornadas laborales, incluidas las de la alta dirección, se prolongan en España mucho más allá de la media europea. Eso hace más difícil el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. A pesar de ese esfuerzo en el horario, el índice de productividad es de los más bajos de Europa

El primer día laborable del año 2006 trajo consigo una novedad importante, no sólo para los empleados públicos sino también para todos los ciudadanos. Ese día entraron en vigor las medidas de conciliación incluidas en el Plan Concilia. A partir de este momento, los trabajadores de toda la Administración General del Estado no sólo tienen un horario laboral más razonable, flexible y humano, sino que disponen de una serie de instrumentos nuevos, creados para hacer más cómoda y llevadera la vida personal de los que trabajan en el ámbito de lo público. Se trata de unas medidas que no han sido pensadas en términos económicos, ni siquiera políticos, sino en términos humanos. Y en este sentido, quizás no haya mayor satisfacción para un político que impulsar iniciativas de este tipo, elaboradas a la medida de los ciudadanos y con efectos concretos e inmediatos sobre su bienestar.

La Administración, como primera empresa del país, debe atender las demandas de sus propios trabajadores y procurar que se solucionen satisfactoriamente sus problemas, al mismo tiempo que se amplían las prestaciones y se mejora la calidad de los servicios públicos para todos los ciudadanos. El Plan Concilia, acordado y negociado con los sindicatos, ha hecho posible que la mayoría de los empleados públicos puedan acabar su jornada laboral a las 18.00 horas como muy tarde. Con la posibilidad de decidir sobre hasta un tercio de su horario, lo que les permitirá acomodar mucho mejor su tarea profesional con su vida personal y familiar. Pero, además, hay medidas innovadoras, como la del nuevo permiso paterno de diez días, que hará posible que los padres se impliquen mucho más en una etapa crucial de la crianza de los hijos. Las madres también tienen más posibilidades para alargar su permiso materno cuatro semanas más, y, en general, se atiende a las necesidades de las personas que cuidan de hijos pequeños o de familiares dependientes o enfermos, así como de colectivos con problemas especialmente complejos.

No se trata ni de reducir el tiempo de trabajo ni de bajar el listón de la calidad de los servicios a los ciudadanos. Antes al contrario. Una mejor organización de los horarios y la fijación de objetivos concretos a la hora de organizar las funciones permitirán que los empleados se encuentren más cómodos a la hora de desempeñar sus tareas, lo que redundará en una mayor eficacia y calidad.

Sin embargo, estoy convencido de que, por muy innovadoras y positivas que sean estas medidas -que lo son- su alcance real va más allá de estos puntos concretos. Cada vez son más las empresas privadas -muchas de ellas, curiosamente, dirigidas por mujeres-, que ya se han eco de esta demanda y han puesto manos a la obra para elaborar planes de conciliación. Unos planes que, a la postre, no sólo benefician a sus empleados, sino que suponen para la propia empresa un importante valor añadido, tanto a la hora de retener y captar a los mejores profesionales de cada área, como a la hora de mejorar sus propias tasas de productividad.

Por eso, lo más valioso del Plan Concilia se encuentra, en mi opinión, en su cualidad de motor y catalizador de un cambio social más global, que debe implicar y arrastrar no sólo a la Administración, sino también al sector privado en general. Lo público, la Administración, como fábrica de derechos y libertades, debe convertirse en un referente y abrir nuevos caminos en este sentido.

El Plan Concilia, junto con la futura Ley de Dependencia presentada por este Gobierno, han abierto, en los últimos días, un amplio debate en todos los ámbitos de la sociedad sobre la necesidad de racionalizar y humanizar nuestra forma de trabajar y de vivir. Se trata de un debate espontáneo, que demuestra que la política no se puede ejercer de espaldas a los ciudadanos, y que, por el contrario, debe ir por delante de las necesidades de la sociedad. Una sociedad nueva, en la que el trabajo no puede convertirse en una traba insuperable que cercene la libertad de los ciudadanos, en la que atender a los hijos, a la familia, a las personas dependientes, sea una prioridad. Una sociedad más justa y, por qué no decirlo, más feliz.