Más control para los videojuegos
Amnistía Internacional solicitó ayer al Gobierno español la creación de un marco legislativo que sirva de protección a los tres millones de menores de edad que consumen videojuegos en este país. La organización argumenta que algunos títulos comercializados actualmente vulneran los derechos humanos.
La denuncia aparece recogida en el informe titulado España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego, en el que se critica el incumplimiento del código de autorregulación impuesto por la propia industria del videojuego a través del sistema de clasificación por edad PEGI (Sistema Paneuropeo de Información sobre Juegos).
El presidente de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, lamentó que el Gobierno no asuma la responsabilidad en la protección de los derechos de la infancia que adquirió cuando ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Además, señala que es un error dejar 'en manos de la voluntariedad de las empresas' el cumplimiento de la normativa.
Amnistía Internacional expone los ejemplos de Alemania y Gran Bretaña como mercados que, a diferencia de lo que sucede en España, operan bajo el control de una legislación específica que regula los puntos de venta de videojuegos.
Según Beltrán, la pasividad del Estado ha provocado que los padres estén 'indefensos' a la hora de impedir que sus hijos compren productos en los que, por ejemplo, se incita a 'reventar la cabeza' del rival con palos, a asesinar a un grupo de judíos, a atropellar a 'todo el que se mueva' o a realizar 'mutilaciones y crueldades' mayores, en función del nivel en el que se juegue.
Además de fomentar la violencia, según ha observado Amnistía Internacional, en otros títulos se aplauden comportamientos discriminatorios hacia las mujeres.
La autora del informe, Angela Iranzo, advierte que las empresas de videojuegos incumplen su propio código de regulación y que no especifican en el etiquetado la razón por la que un producto es para mayores de 18 años. Además, destacó que hay un vacío legal que permite la descarga de contenidos violentos a través de internet y la telefonía móvil.
Días atrás este periódico recogió las mismas críticas de la oficina del Defensor del Menor y de la Asociación Protégeles.