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Batería de decisiones económicas

Las facturas entre los empresarios tendrán una retención del 3%

Con el fin de evitar la emisión de facturas falsas, Hacienda obligará a aplicar una retención del 3% en las emitidas por los empresarios que tributen por estimación objetiva por los bienes y servicios prestados a otros profesionales. Esta es una de las treinta medidas incorporadas por el Gobierno al anteproyecto de ley de Prevención del Fraude Fiscal, analizado ayer por el Consejo de Ministros.

La retención sería realizada por los pagadores -no por los empresarios en módulos- y supone extender la aplicación del sistema que existe en la actualidad para los agricultores, quienes tienen una retención entre el 1 y el 2% en las ventas que realizan a distribuidores y mayoristas.

Los contribuyentes que tributan por módulos calculan lo que deben pagar en el Impuesto sobre la Renta o en el Impuesto sobre el Valor Añadido no en función de sus ingresos, sino en base a elementos objetivos, como el número de trabajadores o el número de mesas en un restaurante. La retención no se aplicará cuando la venta o servicio se realice a particulares.

Para evitar el pago con dinero negro en la compra de inmuebles, las escrituras públicas de compraventa incluirán los medios de pago utilizados. Quienes intervengan en la operación tendrán que identificarse y precisar los medios de pago porque de lo contrario no se podrá inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad. Además, en la escritura se incorporará la referencia catastral del inmueble.

Con el objetivo de impedir que sociedades ficticias actúen o participen en tramas de fraude, la futura ley establecerá que la revocación del NIF impedirá acceder a los registros públicos y no se podrán hacer abonos o cargos en las cuentas.

Hacienda combatirá también las tramas de fraude en el IVA con la introducción en la ley de la responsabilidad subsidiaria de las empresas que adquieran mercancías a estas organizaciones y que obtengan un beneficio extraordinario por el impago de impuestos. Esta medida ya existe en otros países de la Unión Europea como Reino Unido, Holanda y Alemania.

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