El repunte de la inflación costará 2.000 millones en salarios
La inflación cerró el año en el 3,8%, lo que la sitúa seis décimas por encima del registro de 2004 y en la tasa más elevada desde 2002, cuando los precios aumentaron un 4%. El desvío de 1,8 puntos sobre la previsión del 2% costará a las empresas al menos 2.000 millones de euros al tener que pagar las cláusulas de revisión salarial a más de siete millones de trabajadores.
El fuerte encarecimiento protagonizado durante todo 2005 por el petróleo y sus derivados, así como las subidas de los alimentos fueron los principales responsables del significativo repunte que registró la inflación el último mes del año hasta situarse en el 3,8%, según el indicador avanzado que publicó el viernes el INE. El dato definitivo será difundido el próximo 13 de enero.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, calificó el dato de 'malo', aunque reiteró que el objetivo del Ejecutivo es que en 2006 la tasa de inflación termine 'bastante por debajo del 3%'.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Solbes dijo que aunque esta cifra no es 'nada buena', la economía española 'ha sabido absorber mejor la evolución del precio del petróleo' que en años como en 2002, cuando la inflación alcanzó el 4% con un alza del precio del crudo 'claramente inferior' a la de este ejercicio.
Uno de los motivos por los que este repunte es muy negativo es por el coste que tendrá para las empresas cuyos trabajadores estén sujetos a convenio. Según los cálculos aproximados efectuados por las organizaciones sindicales para este periódico, la desviación de la inflación costará a las compañías al menos 2.000 millones de euros.
En España, de los trabajadores sujetos a convenios colectivos, en torno a 10 millones, el 76,5% tiene cláusula de revisión.
Y de esa cantidad, el 66% de las cláusulas (que suelen activarse a partir de un incremento de precios del 2,95%) tiene carácter retroactivo, por lo que la desviación deberá remunerarse con efecto a 1 de enero de 2005. Además, hace un mes, con la inflación situada en el 3,4%, el dato utilizado para llevar a cabo la actualización de las pensiones, el coste para el Estado ascendió a 1.800 millones de euros.
Desde 1998, la ley obliga al Estado a compensar a los pensionistas por el desvío al alza del índice de precios de inflación, lo que ha generado hasta la actualidad un gasto público de casi 17.000 millones de euros. Este elevado coste es consecuencia de que, al contrario que en los salarios, donde algunos convenios especifican que las desviaciones no consolidan, la desviación en pensiones sí que queda en la nómina para siempre. Solbes achacó buena parte del nefasto comportamiento que tuvieron los precios en diciembre a la alimentación, muy especialmente al alza del aceite de oliva, como consecuencia de las heladas sufridas y de la falta de cosechas a lo largo de todo el ejercicio, lo que ha introducido en el índice un 'factor de anormalidad'.
Por su parte, el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, denunció en un comunicado la 'enorme pasividad' que el Gobierno ha mostrado este año con la inflación, lo que, a su juicio, ha llevado a que España tenga un 'grave problema' con la subida de los precios.
Arias Cañete añadió que esta cifra es 'especialmente mala', ya que 'no tiene en cuenta las subidas anunciadas a partir del día 1 de enero en sectores como el transporte, el gas o la electricidad', lo que plantea un panorama 'muy negativo' en términos de inflación y competitividad para la economía española en 2006.
Por su parte, en declaraciones a Efe, la secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, achacó la subida del IPC al encarecimiento del crudo, que representa el 30% del IPC.
Además, Rodríguez-Piñero recordó al PP que cuando estaba en el Gobierno 'la inflación alcanzó el 4% con el precio del crudo a la mitad de los niveles a los que oscila en la actualidad'.
El portavoz de Economía de CiU en el Congreso, Sánchez Llibre, advirtió de que el 'desfase' de los precios supone un 'peligro' para la economía y provocará 'consecuencias nefastas' en el empleo. Desde IU se denunció que los salarios más bajos son los 'paganos' de la inflación y se criticó la incapacidad del Gobierno para controlar esta variable.
La subida de las pensiones mínimas llega al 8%
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Real Decreto sobre Revalorización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social que establece para 2006 una subida con carácter general del 2%, igual a la inflación prevista para 2006, a la que se añadirá otro incremento del 1,4% por consolidación de la desviación de la inflación hasta noviembre de 2005.En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que con ese incremento se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas.Además, el Ejecutivo fijó en el Real Decreto incrementos superiores para las pensiones mínimas.Las mínimas con cónyuge a cargo subirán un 8% y las de sin cónyuge a cargo un 6,4%. Mientras, las pensiones no contributivas y las pensiones del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, a extinguir) se incrementarán un 4,4%, según Trabajo.Dentro de las actuaciones para incrementar las ayudas de las personas discapacitadas, en 2005 se creó una pensión mínima para mayores de 60 a 64 años con incapacidad total cualificada, que en 2006 aumentarán un 5,57% las prestaciones familiares para hijos con minusvalía mayores de 18 años.Asimismo, los huérfanos minusválidos menores de 18 años y con un 65% de minusvalía tendrán derecho a una pensión mínima de 2.800 euros anuales, lo que, según Trabajo, supone un incremento del 50,8% respecto a enero de 2005.Además de esta revalorización, los pensionistas de jubilación o retiro y de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado a quienes se les reconocieron sus pensiones según la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, experimentarán un incremento adicional a los mencionados de un 1% y un 2%, respectivamente, para lograr una mejora progresiva de dichas pensiones sobre las que se reconocen desde 1985 a funcionarios civiles y militares.