El Gobierno constata avances en el Estatuto, pero no llega a un pacto
El portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, asumió ayer que no habrá un acuerdo básico en el Estatuto catalán antes de terminar el año. La primera reunión multilateral con los cuatro partidos catalanes avanzó en temas menores como derechos históricos, Justicia, instituciones y competencias, sin tratar sobre financiación.
Todos los grupos parlamentarios calificaron de positiva la primera reunión multilateral entre el PSOE y los cuatro partidos catalanes que han redactado el Estatuto. Pero, tras más de tres horas de reunión en el Parlamento autonómico, también hubo unanimidad en que no se había entrado a negociar temas básicos como el sistema de financiación, por lo que no se prevé un acuerdo de mínimos antes de terminar el presente ejercicio.
El portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció que se mantendrán los contactos bilaterales, pero destacó que las reuniones con todos los partidos (menos el PP) seguirán a partir del 9 de enero 'porque consideramos que es un sistema de negociación más justo'. Rubalcaba lamentó que no se hubiera podido ampliar el plazo de presentación de enmiendas porque 'con tres días más de negociaciones hubiéramos consensuar más cosas'.
Los representantes de CiU, ERC e ICV-EUiA remarcaron que la comitiva del PSOE, encabezada por Pérez Rubalcaba y por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, no habían esbozado la contrapropuesta sobre financiación que prepara el ministro de Economía, Pedro Solbes. El portavoz de ERC, Joan Ridao, criticó que el Gobierno no haya publicado las balanzas fiscales, situación que dificulta las negociaciones.
No hubo avances en temas políticos como la definición de Cataluña como nación y sobre las competencias compartidas con el Estado. En cambio, hubo preacuerdos en algunos puntos del título preliminar del texto estatutario, en división territorial (las vegueries sustituirán las diputaciones provinciales), aspectos lingüísticos, competencias exclusivas (para no definirlas como excluyentes), y en Justicia (menos en la obligatoriedad de conocer el catalán en el traslado de jueces. Rubalcaba indicó que la primera reunión multilateral había servido para cerrar los aspectos en los que había posibilidad de acuerdo, para dejar para posteriores encuentros multilaterales la negociación de los temas 'más difíciles' como el de financiación.
El portavoz de CiU, Francesc Homs, criticó a los miembros del tripartito de 'aceptar cualquier rebaja que venga del PSOE. Los hemos visto muy nerviosos'. Con todo, el representante de la oposición catalana añadió que 'la reunión ha sido positiva porque nadie se ha levantado de la mesa'.
CiU vuelve a plantear diferencias en educación
Los portavoces de ERC, Joan Ridao, y de ICV-EUiA, Jaume Bosch, denunciaron la actitud de CiU de volver a plantear problemas en los artículos 20 y 21 del estatuto, los que definen el derecho a una muerte digna o el derecho a la laicidad en la escuela. CiU ya condicionó su voto en la negociación de la redacción del Estatuto de septiembre pasado a este tipo de cuestiones. Sin embargo, no ha presentado ninguna enmienda sobre estos aspectos. Jaume Bosch argumentó que el representante de CiU Josep Sánchez Llibre había 'insinuado veladamente' la posibilidad de apoyar las enmiendas del PP en estos capítulos. Bosch calificó esta reacción de 'traición' al denominado cuatripartito (los miembros del tripartido más CiU) catalán. En su turno de comparecencias ante los medios de comunicación posteriores a la reunión, el propio Sánchez Llibre rechazó las acusaciones y destacó que 'en ningún momento hemos dicho que vayamos a votar en contra de este título o que nos alineemos con el PP. El también miembro de CiU, Francesc Homs, puntualizó que la voluntad de su formación política es de apoyar totalmente el texto aprobado por el Parlamento catalán.Por otra parte, el PSC fue el partido que mostró una mayor satisfacción por el compromiso alcanzado en los denominados derechos históricos, en línea con la propuesta presentada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba. El principio de acuerdo alcanzado consiste en excluir del texto estatutario cualquier referencia a los derechos forales. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, remarcó que 'es la mejor solución en un tema que podría encallar las negociaciones'.