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Competencia

El TDC reabre el caso contra el canon de los CD vírgenes

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha obligado a reabrir el expediente de impugnación contra el acuerdo entre la SGAE y la Asociación de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) para imponer el canon digital en los CD y DVD vírgenes. La denuncia fue archivada el año pasado por la Dirección General de Defensa de la Competencia.

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha ordenado reabrir la investigación sobre la denuncia archivada por la Directora General de Defensa de la Competencia contra el acuerdo adoptado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y otras entidades de gestión de la propiedad intelectual con Asimelec que establecía un canon por copia privada sobre los CD-Rom y DVD vírgenes vendidos que debían soportar los consumidores.

La denuncia fue presentada en septiembre de 2003 por el abogado Javier de la Cueva, a la que más tarde se sumaron la Asociación de Internautas (AI) y la asociación de usuarios de software libre (Hispalinux). La resolución del Tribunal de la Competencia supone una exigencia para que el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía, retome la causa que había archivado en noviembre de 2004. La decisión da cierto optimismo a los demandantes, que consideran totalmente ilegal la medida.

'Recurrí la decisión de archivar la denuncia y ahora el Tribunal de la Competencia me da la razón', dice satisfecho De la Cueva, que asegura que la medida supone 'un revolcón legal a la directora general del servicio de defensa de la competencia, porque lo que le están exigiendo es que analice con rigor el tema'. Según este letrado, es injustificable el actual canon impuesto a los soportes digitales.

La denuncia data de 2003, año en que el abogado Javier de la Cueva llevó el caso a los tribunales

De la Cueva denunció desde el principio que en España los juicios tengan que pagar un canon en favor de las entidades de gestión citadas. 'Antes, las actas de un juicio se entregaban en papel y no pagábamos ningún canon. Entonces, ¿por qué ahora sí tenemos que hacerlo, cuando los CD no dejan de ser el papel del siglo XXI?', se pregunta, al tiempo que añade que 'es absolutamente indignante que las asociaciones privadas de autores se estén llevando un dinero por cada juicio, cuando en estos discos digitales no hay ningún contenido que afecte a los autores'.

Este abogado considera reprochable que el servicio de la competencia archivara el caso. 'Han vulnerado nuestros derechos, porque al menos deberían habernos dicho a los demandantes por qué consideran legal que los juicios paguen canon'. El servicio no ofreció la más mínima comunicación en ese sentido, se quejan los afectados, que fueron presentando sus denuncias entre septiembre de 2003 y febrero de 2004.

Las denuncias se sostenían en dos conceptos legales: abuso de posición dominante y fijación de precios, recuerda la Asociación de Internautas en una nota. 'Cuando todavía no se encuentra en sede parlamentaria la institucionalización orquestada de este atropello a los derechos de los ciudadanos (…), cualquier empresa, tienda y negocio que haya sufrido la imposición de semejante canon por nada puede ya denunciarlo ante el Servicio de Defensa de la Competencia', se queja la asociación.

Un estudio tachado de insuficiente

Los organismos del Gobierno central, autonómico y local, los centros de I+D, las universidades y las empresas y profesionales autónomos son quienes más necesidad tienen de registrar información. Por ello, De la Cueva cree que el Servicio de Defensa de la Competencia ha cometido un error al mezclar conceptos y pensar que si el Registro Mercantil o un juzgado graban con su información un CD estén pirateando derechos de autor. Lo increíble, añade, es que el único estudio en que se apoya la SGAE y Asimelec para exigir este canon es una encuesta telefónica preguntando a algunos ciudadanos sobre su uso particular de los nuevos soportes digitales. 'Se les preguntó cosas como cuándo fue la última vez que compró un CD o una cinta para sus usos personales. Pero en esa mínima investigación no figura el uso que hacen las empresas, el Estado o los profesionales, lo cual no tiene ni pies ni cabeza'. Este profesional confía en que el Tribunal de la Competencia termine dándoles la razón aunque sea con un par de años de retraso.

Un conflicto que puede acabar en Bruselas

La Dirección de Defensa de la competencia aseguró en el momento de archivar el caso que el canon aplicado 'es una conducta amparada por la ley' y que el mismo 'desarrollo acelerado' de estos soportes digitales 'se vio favorecido por el hecho de que sus comercializadores se negaban a pagar a las entidades de gestión la remuneración por copia privada'.Igualmente, el subdirector general sobre Conductas restrictivas de la Competencia, José Manuel Rodríguez de Castro, ha asegurado que 'la copia sustituye a la compra de la obra copiada', y causa un perjuicio a los que obtendrían un beneficio por su venta (los autores, los editores, los productores, los artistas), y que para solucionar el conflicto, la ley adopta una doble decisión: permitir las copias para uso privado y establecer el derecho de cada perjudicado a una remuneración.Sin embargo, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, ha dicho en más de una ocasión que la mayoría de los usuarios están haciendo copias de CD que no tienen derecho de autor. Domingo añade que el canon impuesto a los CD y DVD vírgenes no tiene ningún sentido cuando la mayoría de estos soportes digitales se presentan ya con sistemas anticopia.El presidente de la Asociación de Internautas va todavía más lejos y asegura que si el Tribunal de Defensa de la Competencia español no les da finalmente la razón, la Asociación de Internautas hará extensible su queja a la Unión Europea y a los juzgados ordinarios de Justicia.

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