Moncloa busca un preacuerdo para seguir negociando el Estatuto en enero
La negociación a cuatro bandas que mantiene el Gobierno es compleja, pero en Moncloa prevalece el optimismo. El objetivo es llegar a un principio de acuerdo antes de fin de año para sacar el Estatuto adelante y aprovechar enero para limar las diferencias que persistan, sobre todo, en el modelo de financiación. Hoy termina el plazo de presentación de enmiendas y podría ser prorrogado hasta el día 30.
El optimismo del presidente del Gobierno, aseguran fuentes de su entorno, descansa en parte en el estrecho margen de maniobra del que disponen las fuerzas que integran el tripartito catalán para rechazar el acuerdo. El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa (IC) gobiernan en esta última comunidad y también influyen, en algunos casos de forma decisiva, en el Ejecutivo central. Por esta razón, es Convergència i Unió la fuerza que tiene 'las manos más libres' en esta negociación porque ni gobierna en Cataluña ni influye en Madrid. En este escenario, aseguran las mismas fuentes, puede reproducirse el mismo episodio conocido en Cataluña al final de la tramitación estatutaria: que CiU amenace con retirar el texto para sumarse en el último minuto al acuerdo.
El principal obstáculo sigue siendo la resistencia del tripartito y de CiU a sacar del Estatuto los aspectos claves del modelo de financiación, frente a la exigencia del Gobierno de trasladarlos a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). En los últimos días, se han reducido las diferencias sobre el aumento de la capacidad normativa, la mayor cesión de impuestos y la articulación de la futura agencia tributaria de Cataluña, pero sigue habiendo grandes distancias sobre la regulación de los mecanismos de solidaridad. De hecho, la propuesta que el tripartito ha incorporado al Estatuto ha sido rechazada por el Gobierno sin precisar por el momento una alternativa clara.
ERC y CiU insisten en la negociación que mantienen con el Ministerio de Economía en vincular la contribución de Cataluña a la solidaridad con el resto de las comunidades al esfuerzo fiscal de cada una de ellas. Tampoco parecen dispuestas a renunciar a que el Estatuto determine el cálculo de la aportación catalana a la Hacienda estatal a partir de criterios como el porcentaje de participación que corresponde al Estado en los impuestos cedidos, la capacidad fiscal de cada territorio y la población. El Estatuto establece también, en contra del criterio del Gobierno, el procedimiento para calcular el esfuerzo fiscal.
En la negociación están pendientes de determinar también los plazos de actualización del sistema de financiación, pues el Gobierno se resiste a comprometer horizontes quinquenales hasta que este asunto no sea abordado para el conjunto de las comunidades en el Consejo de Política Fiscal.
Para no pillarse los dedos en el Estatuto, el Ministerio de Economía prefiere recurrir a una redacción más ambigua en la que se remiten los mecanismos de ajuste sobre las necesidades de gasto y la capacidad fiscal de la Generalitat a la valoración del impacto que tengan las disposiciones generales aprobadas por el Estado.
Relación bilateral
En éste y en otros aspectos que inciden en la financiación de Cataluña sobrevuela la firme aspiración del tripartito a que prevalezca la relación bilateral con el Estado. De ahí el rechazo que produce en el Gobierno la posibilidad de que la aportación de Cataluña a la Hacienda estatal sea establecida en la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales o de que en este mismo foro bilateral se decida el porcentaje de participación de Cataluña en la distribución de los fondos estructurales europeos.
Alejados aún del modelo de concierto
El tripartito catalán aspira a que la capacidad de financiación por habitante en Cataluña se equipare de forma gradual antes de 15 años a la que el País Vasco y Navarra han logrado a partir de la aplicación de los sistemas de concierto. Esta aspiración, incorporada a la propuesta de Estatuto llegada al Congreso, ha sido suprimida en la alternativa presentada por el Gobierno central, pero es compartida en sus objetivos por buena parte de las comunidades gobernadas por el PSOE. En un informe encargado por el Principado de Asturias a la Fundación Alternativas sobre financiación autonómica, elaborado por el profesor José Víctor Sevilla, se recuerda la aspiración del Gobierno catalán a aproximar su modelo al del concierto económico.'La solución más sensata', escribe Sevilla, 'por más que no sea la más fácil, consiste en eliminar la situación de privilegio que comporta en éste momento el régimen de Concierto por la forma concreta en que se instrumenta'. Su criterio es coincidente con el de buena parte de las comunidades del PSOE. A juicio de este experto, en lugar de ser Cataluña la que tenga que aproximarse en los resultados financieros a los de las comunidades forales, tendrían que ser éstas las que se acerquen, todo lo gradualmente que se quiera, a los resultados financieros de Cataluña y con ello de las restantes regiones.