La atención a 200.000 dependientes costará 1.600 millones el primer año
El Sistema Nacional de Dependencia arrancará en 2007. Este año dará una prestación a 200.000 personas, las que tienen un grado de dependencia más severa. Iniciar el sistema costará sólo en este ejercicio unos 1.600 millones de euros. La mitad de esta cantidad la pagarán las Administraciones públicas y el resto el usuario, en función de su renta y su patrimonio.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Anteproyecto de Ley de Atención a Personas Dependientes, que ahora deberá tramitar el Parlamento. Esta norma crea el nuevo Sistema Nacional de Dependencia, que establece prestaciones de servicios y económicas para los casi 1,5 millones de personas con distintos grados de dependencia, que no pueden valerse por sí mismas en sus tareas diarias.
Según explicó el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, cuyo departamento ha elaborado la futura ley, el sistema arrancará en 2007, entregando las primeras prestaciones a las 200.000 personas con 'dependencia grave', que son aquellas que 'por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continua de otra persona'. El gasto público que exigirá este arranque del sistema en 2007 será de unos 1.600 millones de euros. De esta cantidad, se prevé que las administraciones públicas paguen 800 millones de euros y el resto, los usuarios, cada uno en función de su situación económica. Para valorar esta situación se tendrán en cuenta las rentas del beneficiario (salario o pensión) y su patrimonio (inmobiliario o financiero). En 2008 se incorporarán otras 160.000 personas; en 2009, otras 213.000 y el resto (cerca de medio millón) progresivamente hasta 2015.
Hasta el momento, el Gobierno no había especificado qué parte del sistema pagarían las administraciones (fundamentalmente el Estado y las comunidades) y cuál correrá a cargo de los beneficiarios.
Ayer, aunque Caldera fue preguntado por este punto, no respondió, pero el documento entregado a los periodistas tras el Consejo de Ministros indica que en 2015, año en el que estará plenamente implantado el sistema, 'las administraciones públicas costearán 4.425 millones de euros', y el coste total del sistema estimado por el Gobierno para esa fecha son unos 9.500 millones de euros. De esto se desprende que serán los beneficiarios de la prestación los que costearán aproximadamente la mitad del nuevo sistema, siempre en función de sus recursos.
El Gobierno discutirá ahora con las comunidades qué parte de la financiación pública paga el Estado y cuál las regiones. Aunque Caldera precisó que 'el acuerdo con las comunidades es deseable pero no imprescindible'.
El ministro insistió en que el sistema 'dará prioridad a la prestación de servicios' (como teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche o residencias) y 'sólo si no hay más remedio' se entregará una prestación económica, que siempre estará vinculada a la compra de la prestación en el sector privado. Igualmente, si no hay otra opción, los cuidadores familiares recibirán una compensación económica, pero deberán darse de alta en la Seguridad Social.