El Congreso aprueba la ley sobre las campañas publicitarias del Estado y las autonomías
El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde definitiva a la Ley de Publicidad y Comunicación institucional que pretende erradicar las campañas públicas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno. Con los votos de todas las formaciones, excepto PP, PNV y BNG, salió adelante un texto que prevé que las limitaciones a las campañas públicas afecten no sólo al Estado sino también a las Comunidades Autónomas. La Administración central es el primer anunciante de España por volumen de inversión.
El carácter básico de esta norma fue el único punto de discordia entre los grupos parlamentarios. La redacción inicial del texto sólo afectaba a las campañas promovidas desde el Estado. En el primer trámite del Congreso, IU-ICV logró introducir una enmienda por la que algunos preceptos del texto tuvieran el carácter de básico y, por tanto, la Administración central no fuera la única afectada. A su paso por el Senado, los votos del PP y PNV lograron suprimir esta disposición. Finalmente, en el Congreso se ha restaurado.
La ley sólo consta de 15 artículos y cuatro disposiciones, con el objetivo general de garantizar en el futuro la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional de las campañas oficiales.
La ley impedirá que se promuevan campañas contrarias a otros organismos o que contengan mensajes discriminatorios y establecerá un mayor control en el uso de los fondos públicos y en el proceso de contratación. Se prohibe asimismo la utilización en las campañas institucionales de cualquier forma de publicidad ilícita, engañosa o subliminal.
La norma regula además la posibilidad de que cualquier ciudadano o colectivo denuncie una campaña si entiende que vulnera el espíritu de la ley, sobre lo que deberá pronunciarse una comisión interministerial en un plazo máximo de seis días.
En lo relativo a los requisitos de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, se exige que éstas 'se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de competencias propias'.
Para la planificación y coordinación de las campañas de la Administración se creará la Comisión de publicidad comunicación institucional.