El sistema de dependencia arranca sin que se haya pactado su financiación
El Gobierno firmó ayer con patronal y sindicatos un acuerdo que establece las bases del futuro sistema de atención a personas dependientes (que no pueden valerse por sí mismas). Pero el Ejecutivo aún no ha cerrado con las comunidades autónomas qué parte del conjunto del sistema pagarán las Administraciones públicas y cuál recaerá sobre los usuarios.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, firmó ayer con los máximos líderes patronales y sindicales las bases de lo que será el futuro sistema nacional de atención a personas dependientes. Se trata de un nuevo derecho de protección social, en forma de prestación de servicios o ayuda económica al que tendrán acceso todos los españoles e inmigrantes con residencia mayores de 3 años que sean dependientes, esto es, que no puedan valerse por sí mismos en la realización de las tareas de la vida diaria.
El acuerdo firmado ayer representa los cimientos del futuro Sistema Nacional de Dependencia que, debido a su elevado coste, deberá implantarse progresivamente hasta 2015. La creación de este sistema de atención pública costará hasta esa fecha unos 9.000 millones de euros y a partir de entonces, el mantenimiento de este nuevo derecho requerirá una inversión de, al menos, un 1% del producto interior bruto (PIB) anualmente, lo que supone más de 10.000 millones de euros al año.
El texto pactado con los interlocutores sociales establece que las futuras prestaciones tendrán 'carácter universal y público'. Si bien todos los agentes implicados están de acuerdo en que la financiación del conjunto del futuro sistema esté basado en el copago, lo que significa que las prestaciones serán financiadas por las administraciones públicas y los usuarios.
Lo que aún no ha cerrado el Gobierno, ni con empresarios y sindicatos, ni con las comunidades autónomas y ayuntamientos, ni tampoco con los grupos parlamentarios es el reparto de la financiación del sistema: quién pagará qué.
Lo único que está claro, según el acuerdo de ayer, es que la parte que le toque pagar al usuario se efectuará en función de 'su capacidad económica personal, teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se presta y el coste del mismo'. Además también se garantiza que 'ningún ciudadano en situación de dependencia quedará sin atender por falta de recursos'.
El reparto del coste
Dicho esto, el principal escollo en la negociación con empresarios y sindicatos ha sido la financiación. La propuesta del Gobierno en este proceso ha sido, según fuentes de la negociación, que las Administraciones públicas costearan entre el 70% ó 60% del total del sistema y los usuarios, entre el 30% ó el 40%. Los sindicatos rechazaron frontalmente este reparto, ya que defienden que la financiación corra a cargo de los poderes públicos en un 80% y de los usuarios en un 20%.
La falta de consenso en este punto se salvó sacando del texto del acuerdo el reparto concreto de la financiación. Así, el pacto sólo incluye que la aportación de la Administración General del Estado 'será del 50% de la financiación pública', sin que se sepa que peso tendrá dicha financiación pública en el total del sistema. Así, será el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que decida finalmente el reparto de los fondos.
El otro gran obstáculo de las negociaciones ha sido de dónde sacará la Administración General del Estado su parte de financiación. La intención inicial del Gobierno es que la financiación saliera durante los primeros años de los excedentes de la Seguridad Social, para después, financiarlo enteramente con impuestos, como ocurrió con el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo la oposición de la patronal a que el sistema se financie con los excedentes de las cotizaciones sociales ha llevado al Gobierno a acceder a que se pague con impuestos, según fuentes de la negociación.
El Consejo de Ministros de mañana estudiará previsiblemente el texto articulado de la futura ley de dependencia y lo remitirá al Parlamento, donde llegará 'sin un pacto cerrado', según advierten Esquerra Republicana e Izquierda Unida, socios del Gobierno, informa Federico Castaño. Por este motivo, los socios del Gobierno prevén cambios sustanciales en la financiación y en el marco competencial durante la tramitación de las enmiendas. Izquierda Unida ha hecho saber al Ejecutivo que observa en el proyecto de ley una decantación clara en favor del sector privado y ERC incide en que la ley respete al máximo el marco competencial y tenga un espíritu federal. CiU, por su parte, apoya la financiación del sistema vía impuestos.
La tramitación parlamentaria se prolongará hasta la primavera, como mínimo. Si bien el Gobierno prevé que entre en vigor en 2007.
Casi millón y medio de beneficiarios
En España hay ya 1.350.000 personas dependientes, la mayoría de ellos mayores de 65 años, y la atención a este colectivo recae ahora en sus familias. El catálogo de servicios que incluirá la futura ley de dependencia para estas personas responderá a dos modalidades: servicios de promoción de la autonomía personal (teleasistencia, accesibilidad del hogar, etc.); y, en segundo lugar, los servicios de atención y cuidado (ayuda a domicilio, centros de día y de noche y residencias). La norma establecerá tres grados de dependencia: 'moderada', cuando la persona necesite ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día; 'severa', para los casos en los que esta imposibilidad se repita dos o tres veces al día, pero no requiera la presencia permanente de un cuidador; y 'gran dependencia', que se dará en aquellas personas que por su pérdida total de autonomía mental o física, necesiten la presencia indispensable y continua de otra persona. Cada grado se dividirá en dos niveles. Los grados y niveles se fijarán mediante un sistema público de valoración con un baremo común en todo el Estado.