El Gobierno reduce las trabas a las empresas que contraten con la Administración
El Gobierno tiene previsto reducir las trabas de entrada al mercado de la contratación pública. Entre las medidas propuestas para lograrlo, destaca la eliminación de la garantía provisional del 2% del presupuesto que hasta ahora debían depositar las empresas cuando acudían a una licitación pública.
Esta modificación se incluye en un informe elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que el viernes analizó el Consejo de Ministros.
Además de la supresión de esa garantía del 2%, el informe elaborado por el departamento que dirige Pedro Solbes prevé que la presentación de documentación previa a la adjudicación se limite a un certificado del registro de licitadores, así como el fomento de que todo el proceso relativo a la contratación se realice por vía electrónica.
Con el objetivo de mejorar la productividad, el estudio de Economía pone especial énfasis en la introducción de nuevos mecanismos para la racionalización de la contratación, como es la creación de centrales de contratación, con adquisición centralizada de bienes y servicios para distintos usuarios.
Otra de las principales novedades que contendrá la nueva normativa sobre contratación pública es la creación de un contrato típico, de colaboración público-privada que permite el reparto de riesgos entre la Administración y el contratista y cuyo objetivo fundamental es que la financiación sea anticipada por el sector privado. Asimismo, el anteproyecto de ley permitirá la introducción de criterios de naturaleza social y medioambiental, como promover el empleo de personas con alguna discapacidad o eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres.
Otro de los acuerdos que suscribió el Consejo de Ministros hace referencia a la regulación de un nuevo 'mercado del agua', que beneficiará a las cuencas del Segura y el Almanzora (Almería). Como explicó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, este mercado, considerado como 'embrión' de los futuros bancos de agua, permitirá traspasar de unas cuencas a otras a través de las infraestructuras ya existentes mediante la compra y venta de derechos de uso del agua.
Asimismo, el Consejo autorizó al Ministerio de Fomento a licitar las primeras obras de la línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Vitoria, Bilbao y San Sebastián, la llamada Y vasca, que cuentan con un presupuesto de 43,8 millones y un plazo de ejecución de 27 meses.