El Gobierno aumentará la competencia en la adjudicación de contratos públicos
El Consejo de Ministros recibió hoy un Informe del ministro de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Su objetivo es favorecer la competencia en la adjudicación de contratos públicos mediante la eliminación de las barreras de entrada a la licitación y la introducción del uso de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación. Por ejemplo, pretende reducir los costes a los licitadores, con lo que favorecerá la entrada de empresas más pequeñas.
El anteproyecto pretende ser un instrumento para promover la concurrencia en el ámbito europeo y mundial, y se configura como un instrumento de apoyo a las políticas sociales y medioambientales desarrolladas por los poderes públicos, según informa la referencia.
Los principios que se desarrollan en el anteproyecto de Ley son los de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia.
El anteproyecto introduce novedades para el impulso de la productividad como la supresión de barreras de entrada y la reducción en los costes para los licitadores. Entre otras cosas, la garantía provisional del 2% del presupuesto de licitación deja de ser preceptiva y la presentación de documentación previa a la adjudicación se limita a un certificado del registro de licitadores.
Además, se incorporan nuevas figuras para la adjudicación de contratos como el nuevo contrato típico de colaboración público-privada, que permite el reparto de riesgos entre la Administración y el contratista y que la financiación sea anticipada por el sector privado.
Modenización de la tramitación
El anteproyecto pretende ser una apuesta decidida por la contratación electrónica y el I+D+i y crea el marco legal para el desarrollo de la contratación electrónica, establece normas sobre los medios de comunicación y define la equivalencia entre documentos escritos y electrónicos.
Además, asume la utilización de internet para publicitar la programación del órgano de contratación, con valor legal y consecuencias en la reducción de plazos y crea una plataforma de contratación del Estado donde se accederá a la publicidad con valor indicativo y valor legal, se tramitarán las solicitudes de registro y de clasificación y se obtendrán los certificados correspondientes.
Esta plataforma proporcionará otros servicios (licitación y contratación centralizada, registro público de contratos, arquitectura de componentes para desarrollo de aplicaciones interoperables de contratación, provisión de aplicaciones específicas).
También regula fórmulas específicas de contratación de los organismos públicos de investigación para garantizar la obtención de retornos tecnológicos e industriales y su adecuada participación en la concurrencia internacional por los proyectos de investigación, que permita acceder a fuentes financieras adicionales para proyectos científicos.
Asimismo, define regímenes especiales para los contratos ligados a programas de investigación en colaboración con entidades extranjeras y el acceso a revistas y bases de datos electrónicas.
Promover el empleo en personas con dificultades
Además, el anteproyecto permite la introducción de criterios de naturaleza social y medioambiental en las condiciones de ejecución del contrato como combatir el paro, promover el empleo de las personas con especiales dificultades de inserción, eliminar las desigualdades entre sexos, facilitar la formación profesional, cumplir con las condiciones de carácter medioambiental.
Respecto a este último punto, el anteproyecto prevé, además, que el incumplimiento de estas condiciones de lugar a la resolución del contrato o a penalizaciones económicas proporcionadas al incumplimiento, situando estas condiciones de tipo social o medioambiental como obligaciones esenciales del contrato.