'Es imposible incluir en la ley todas las demandas del sector'

La Ley del Medicamento no tiene un trámite fácil, si bien Sanidad dice haber encontrado el 'equilibrio' para garantizar el interés público general

El proyecto de Ley del Medicamento -que seguirá su trámite parlamentario previsiblemente hasta mediados de 2006-, está dando mucho que hablar debido a que incluye medidas de recorte económico que el sector del medicamento considera lesivas pasa su viabilidad. El subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, plantea la necesidad de garantizar que la futura ley sea de interés público general y desmiente que la iniciativa no esté acorde con los intereses de fomentar la I+D en España, algo que denuncia la industria.

El proyecto de Ley del Medicamento, tal y como está trazado, no cuenta en sus puntos clave con el apoyo del sector (industria, farmacia y distribución). ¿Pretende el Ministerio de Sanidad llevar a cabo cambios durante su trámite parlamentario para acercar posturas?

'Todas las exageraciones restan credibilidad a los mensajes que un sector pretende trasladar al conjunto de la opinión pública'

'æpermil;ste es un proyecto de ley del Gobierno, no del Ministerio de Sanidad, en el momento en que lo aprueba el Consejo de Ministros'

Comprendo todas las observaciones que cada uno de los sectores pretenden introducir en un proyecto de ley tan complejo como el del Medicamento. Lo que ocurre es que es imposible que el cien por cien de las demandas de todos y cada uno de los sectores se introduzcan en el proyecto de ley. El Gobierno busca un equilibrio entre estas peticiones con el objetivo fundamental del interés público general.

Por lo tanto, decir que no cuenta con el apoyo del sector o que éste está en contra tiene muy poca credibilidad cuando se analiza la ley. ¿Están en contra los farmacéuticos de que se considere su profesión de interés público, de que sean los únicos capacitados para dispensar medicamentos o de la atención farmacéutica? Evidentemente no.

Lo mismo ocurre con los laboratorios, que no están en contra de que se regule la trazabilidad, de que se pretendan armonizar criterios con los ensayos clínicos o de que haya un sistema de precios de referencia más previsible y objetivo. Habrá aspectos muy puntuales que se pueden contar con los dedos de una mano, o incluso menos.

Algunos ministerios -y también el Consejo de Estado en su dictamen al anteproyecto de ley -han mostrado sus diferencias respecto a esta iniciativa por considerar que puede estar en desacuerdo con otros intereses como el impulso de la I+D en España. ¿Cuál es su postura?

æpermil;ste es un proyecto de ley del Gobierno, no del Ministerio de Sanidad, en el momento en que lo aprueba el Consejo de Ministros. Como es natural, Sanidad es el responsable en su presentación al Consejo de Ministros y ha recibido muchas aportaciones en el trámite de audiencia de los sectores, organizaciones y también de los ministerios -ha sido un trámite de audiencia muy extenso en el tiempo-. Por ello, ya no podemos hablar de si ha habido ministerios que han mostrado sus diferencias o no. En cuanto a las observaciones del Consejo de Estado -que no son vinculantes- se han integrado en el proyecto de ley un total de 27.

Respecto al tema de la investigación, no se cuestiona en ningún caso. Vemos que ocurre justamente lo contrario. Por ejemplo, en lo relativo a la contribución de los laboratorios al Sistema Nacional de Salud (SNS), a diferencia de otros países donde existen iguales aportaciones por parte de la industria a los sistemas de seguridad social, España es el único en donde la contribución de los laboratorios se podrá disminuir hasta en un 35% en función de su calificación en el plan Profarma de ayudas a la I+D y, por lo tanto, creemos que es algo que va a fomentar y potenciar la investigación.

La industria ha hecho sus cálculos y habla de 1.000 despidos, 1.500 personas que van a dejar de ser contratadas e incluso una reducción de la inversión en I+D del 10% en los próximos años. ¿Cómo valora esto?

Las exageraciones restan credibilidad a los mensajes que un sector pretende trasladar a la opinión pública, sobre todo cuando esos mensajes son repetidos en el tiempo y en el espacio. Los vimos en 2003 con una serie de medidas planteadas por el Gobierno anterior y lo hemos visto últimamente en países como Francia. Sin embargo, creemos que esto no tiene relación con la realidad y estoy convencido de que no va a ocurrir así. De hecho, hace poco he leído perspectivas de inversión de algún laboratorio farmacéutico en nuevas plantas en España. No creo que ese mensaje un poco catastrofista sea positivo trasladarlo a la opinión pública, sobre todo cuando hemos conseguido un proyecto equilibrado en cuanto a las exigencias de los diferentes sectores y las necesidades del SNS.

El buen uso de los fármacos ahorrará 1.000 millones

Unos 1.000 millones de euros espera ahorrar el Gobierno gracias a la futura Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, un ahorro que 'tiene que originarse fundamentalmente por un mejor uso de los medicamentos' apunta el subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa. Este uso racional -señala- es el eje central de la ley. 'La cuestión no es gastar menos sino gastar mejor y, cuando gastemos mejor vamos a gastar menos', reflexiona.Este planteamiento no pretende poner cortapisas al acceso universal a los tratamientos que tiene de la política del medicamento sino que busca aprovechar el beneficio económico derivado de las medidas en favor de un mejor uso del fármaco como son una mejor información en los prospectos, campañas de información sanitaria, el seguimiento de tratamientos a través de la atención farmacéutica al paciente y la adaptación del envase a las fichas clínicas, entre otros. 'Este conjunto de medidas, encarriladas unas con otras, se cifra en esa cantidad de 1.000 millones', asegura Puig de la Bellacasa. Si bien no ha desgranado qué cantidad de dinero va a proceder de cada una de las medidas, sí destaca que el ahorro fundamental vendrá del nuevo sistema de precios de referencia que entrará en vigor en marzo de 2007.Respecto al mercado de genéricos, que será otra de las claves de ahorro, apunta que las medidas contempladas en la ley servirán de trampolín para hacer que el mercado español de estos fármacos se equipare en expansión a la media europea.