EDITORIAL

Un presupuesto inadmisible

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea retoman hoy el debate sobre el presupuesto comunitario a partir de la propuesta minimalista presentada por la presidencia británica. Londres cifra el presupuesto para 2007-2013 en 846.754 millones de euros, lo que supone recortar en 148.000 millones la ya ajustada propuesta de la Comisión Europea y en 125.000 la del Parlamento Europeo. Este drástico recorte obligaría a la Unión Europea a reducir su ambición en aquellos capítulos que han sido hasta ahora la base del club comunitario: la solidaridad regional y la disputada política agrícola.

Londres, que nunca ha ocultado su reticencia hacia esas dos partidas, ha metido la tijera sin miramientos. Ante la imposibilidad de doblegar a Francia en lo que se refiere a los subsidios agrarios, el Ejecutivo británico ha optado por proponer una drástica rebaja de los fondos estructurales, en especial para los países del Este que ingresaron en la Unión el año pasado (o para los que lo harán en 2007, como Rumania y Bulgaria).

España es, de rebote, uno de los países que pueden salir más perjudicados si la propuesta se abre paso en la cumbre europea de la próxima semana. Con este presupuesto, el saldo con la UE se vería reducido en otros 1.000 millones de euros, a añadir a los 37.000 que ya perdía con la propuesta que el Gobierno vetó el pasado mes de junio.

El proyecto de Blair mantiene, además, casi intacto el llamado cheque británico, una compensación anual al Reino Unido a la que España aporta ahora más de 700 millones y a la que, en el futuro, podría llegar a contribuir con casi 1.000 millones anuales. Londres, por último, exige una revisión de la estructura presupuestaria en 2009, con el objetivo declarado de reducir las ayudas agrícolas, de las que España es, después de Francia, el principal beneficiario.

En definitiva, la propuesta británica es un ataque en toda regla a los intereses legítimos de España, que ha aceptado hacer sacrificios para financiar la reciente ampliación de la UE y las venideras, pero que no puede acabar siendo el principal 'pagano' del crecimiento del club. El desastre presupuestario para España contrasta con el esfuerzo que acepta Londres: aportar 8.000 millones más hasta 2013, cuando la Comisión Europea calcula que su contribución debería aumentar en 28.000 millones.

Es cierto que la ampliación ha colocado a España en niveles de renta relativos mucho más altos y que tendría sentido convertirnos en contribuyentes netos de la Unión, en aras de promover el desarrollo económico de los nuevos socios. Pero el coste de la ampliación debe ser compartido por todos los socios ricos, con Reino Unido a la cabeza, sin imponer renuncias drásticas sólo a algunos países.

El Gobierno debe acudir a Bruselas con ánimo negociador. Pero con un objetivo claro: mantener su cheque de fondos estructurales en un nivel acorde con la nueva realidad presupuestaria y garantizar el mantenimiento de la parte española de la PAC. El recurso al veto, en ambos, estaría justificado, como ya han demostrado Londres y París.